“No son poca cosa 77 votos ni este acceso a gobiernos subnacionales que este pacto le ofrece a Boluarte”.
Sin sorpresas de por medio, ocurrió el escenario que la ‘realpolitik’ adelantaba como el más probable. Cinco bancadas congresales (de las 12 existentes) llevaron a buen puerto un acuerdo que le permitió a la lista liderada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) una holgada mayoría (77 votos) para hacerse de la Mesa Directiva del Legislativo.
Una negociación estructurada, como bien apuntaba ayer en estas páginas Martín Cabrera, sobre la base de tres objetivos: el control de las comisiones y los equipos de trabajo (sobre todo de las más relevantes: Presupuesto, Fiscalización, Constitución, Acusaciones Constitucionales), la definición de la agenda legislativa en el pleno y el apoyo (¿crítico?) al Gobierno, con el ‘bonus track’ de que esas cinco organizaciones políticas pueden brindarle al Ejecutivo un eventual nexo fluido con diez gobiernos regionales, 55 alcaldías provinciales y 412 distritales, que actualmente lideran. Claro, “lideran” es un decir, ponga usted, lector, el verbo que más le guste.
Lo cierto es que no son poca cosa ni los 77 votos ni esta oportunidad de acceso a gobiernos subnacionales que este pacto (que puede terminar siendo muy precario) le ofrece a Dina Boluarte.
Hoy, la pelota está en la cancha de Palacio y en el discurso del 28 de julio: o ve en el resultado de la votación de ayer la incipiente formación de una bancada proto oficialista, mayoritaria y, por ende, plantea una agenda acotada en búsqueda de estabilidad política y la promoción de reformas básicas para el crecimiento de la inversión, el empleo y la mejora de la gestión frente al enorme reto del fenómeno de El Niño, entre otros; o solo se acomoda en una simple correlación de intercambio de favores que le permita contener una pobre gestión pública o el bloqueo de denuncias de corrupción que hoy se muestran crecientes y preocupantes.
El primer escenario le permitiría a Boluarte y a su equipo sortear la imagen de transitoriedad y precariedad que sus enemigos políticos insisten en demostrar. El segundo simplemente aceleraría la percepción comentada y ubicaría al Gobierno rápidamente en el cuadrante de “pasivo pesado”, destruyendo de inmediato esta plataforma política incipiente que comento líneas arriba.
La vocación de la presidenta y su primer ministro es lo que hará la diferencia. Lanzar una agenda propositiva para el país con la consecuente reacción colaborativa del Legislativo (sin abdicar de su rol fiscalizador esencial) sería un golpe de timón de suma utilidad para ambos órganos. Lo contrario degradaría aún más sus perspectivas hacia el 2026.
Escuchemos.
Fuente: El Comercio – Mario Saldaña