Cinco personas con presunta responsabilidad siguen laborando en OEFA. Por demoras e inacción de 11 funcionarios y servidores que permitieron la prescripción
La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 9’983.515.00 en contra del Estado debido a la demora, inacción, omisión de funciones y falta de supervisión de funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el proceso de ejecución coactiva (cobro de la deuda exigible) de multas impuestas a diversas empresas privadas por infracciones a la normativa ambiental, durante el período 2016 – 2019.
De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento 005-2022-2-5684-AC, que comprende el período del 3 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el accionar de los involucrados ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en algunos casos en 2019, 2020 y 2021) y con ello, la imposibilidad del cobro del importe impuesto a varias empresas.
Por este caso, se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa de 11 personas, cinco (5) de las cuales continúan laborando en el OEFA, que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente.
Hallazgos
La comisión de control evidenció que en el año 2016 se produjo la suspensión indebida de los procesos de ejecución coactiva iniciado a una compañía minera, lo que devino en su prescripción por el plazo trascurrido, evitándose de este modo, el cobro de multas por la suma de S/ 5’035,145.20 la situación se originó por el accionar intencionado y voluntario del ejecutor y auxiliar coactivo de suspender el referido proceso y por la falta de supervisión de la jefa de la Oficina de Administración.
Durante el proceso de ejecución coactiva a una empresa (2018) se evidenció demora e inacción prolongada, así como actuar negligente de los responsables de la cobranza coactiva, quienes no efectuaron la búsqueda de la información de los bienes muebles e inmuebles de la mencionada empresa para disponer el embargo. Dicha situación ocasionó el transcurso de más de 2 años del plazo de prescripción de la exigibilidad de la multa, por lo que no se logró cobrar el importe de S/ 849,900.59 en perjuicio del Estado.
Funcionarios de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos no cumplieron con tramitar oportunamente 9 resoluciones directorales emitidas en 2013 y 2014 sobre imposición de multas para su cobranza coactiva. Lo hicieron en el 2017 cuando habían transcurrido entre 3 y 4 años de haber quedado firme las resoluciones, ocasionando que transcurra el plazo de prescripción y, con ello, la imposibilidad del cobro, causando un perjuicio económico por S/ 228,867.53
Demora e inacción prolongada por más de 2 años de funcionarios para el inicio y continuación del procedimiento de ejecución coactiva iniciado a diversos obligados, ocasionó la prescripción de la exigibilidad de la multa (en 2019, 2020 y 2021) y, en consecuencia, la imposibilidad del cobro por S/ 3’869,602.30 Es así que el titular de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos demoró injustificadamente en remitir las resoluciones directorales que imponen las multas, además, el proceso de ejecución coactiva se paralizó por más de 25 días hábiles sin justificación y se advirtió inacción prolongada en la actuación del ejecutor y auxiliar coactivo.
Durante el proceso de ejecución coactiva seguido a una empresa de transportes y multiservicios, el interventor recaudador no prosiguió con las diligencias de embargo (de diciembre 2018 a agosto 2019) para el cobro de la deuda por S/ 284,200.00, aduciendo falta de movilidad para efectuar las diligencias en las fechas programadas. Sin embargo, de la revisión de información remitida por la Oficina de Administración se advierte que el interventor no habría solicitado movilidad. La situación descrita se originó por la inacción del interventor y la falta de supervisión del ejecutor y auxiliar coactivo. En este caso se identificó únicamente responsabilidad administrativa
Los resultados del informe fueron remitidos a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones legales contra los funcionarios involucrados en el caso; y al titular de la OEFA para que disponga el inicio del proceso para deslindar las responsabilidades administrativas.
Fuera de juego
Los ciudadanos pueden acceder a los resultados de este informe y de otros servicios, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria