Un equipo técnico supervisa las acciones desarrolladas por los auditores en regiones.
La Contraloría General de la República inició un proceso de recopilación de información de manera simultánea en las regiones de La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín, con la finalidad de identificar y documentar posibles hechos irregulares vinculados a contrataciones públicas en las que se habría beneficiado a una empresa constructora, así como a los consorcios conformados con su participación.
Estas acciones, que se enmarcan dentro del ejercicio del control gubernamental establecido en la Ley Nº 27785 y la Directiva Nº 019-2022-CG/GMPL, tienen como objetivo recabar información técnica, administrativa y contractual de manera directa en las unidades ejecutoras responsables de las obras intervenidas.
Contrataciones investigadas
En la región La Libertad, se ha iniciado el servicio relacionado de recopilación de información respecto a las obras de mejoramiento del corredor vial que une Trujillo con el balneario de Huanchaco, y del Hospital Provincial de Virú.
En Loreto, se interviene en la obra correspondiente al plan de contingencia del servicio de neonatología del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”. Mientras que, en Junín, se investiga la obra de mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki del distrito de Satipo, y en Huancavelica se inició la recopilación de información sobre el proyecto del establecimiento de salud de nivel I-4 en el distrito de Acoria.
Desplazamiento de auditores
Con el propósito de fortalecer la transparencia del proceso, la Contraloría ha dispuesto el desplazamiento de un equipo técnico desde la sede central en Lima a cada una de las regiones involucradas, con la finalidad de supervisar in situ las acciones desarrolladas por los equipos regionales garantizando la objetividad, trazabilidad y legalidad de las intervenciones.
Asimismo, se ha dispuesto que un equipo de auditoría interna, en el marco de sus competencias, supervise las acciones ya ejecutadas, a fin de verificar y transparentar que todas las actuaciones realizadas y por realizarse se encuentren alineadas a lo dispuesto por la normativa vigente y a los principios que rigen el control gubernamental.
Estas acciones responden a la necesidad institucional de prevenir y detectar situaciones de riesgo o inconducta funcional en el manejo de recursos públicos, y forman parte de un despliegue coordinado orientado a proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía.