En primera vuelta electoral
La Contraloría publicó un informe de control que determina presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo al exjefe de dicha entidad, Piero Corvetto, en irregularidades que afectaron el derecho a sufragio de 55.261 electores de Lima en las Elecciones Generales del 12 de abril.
Cuestionan términos de referencia para contratación de servicios
El Informe de Control Específico Nº 8536-2026-CG/JUSPE-SCE revela que funcionarios de la ONPE requirieron contratar el transporte de carga para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia (TdR) que no precisaban el número de vehículos requeridos para el servicio de transporte.
Oferta superior a los Términos de Referencia
A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores, ya que aplicaron un criterio no establecido en los TdR: disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 m3. “Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6’368,332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168,148.19”, precisó la Contraloría.
Información inexacta sobre capacidad de carga de vehículos
Asimismo, señaló la entidad, “se evidenció que los evaluadores consignaron información inexacta respecto a la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador, por lo que se le adjudicó un puntaje que no le correspondía, no obstante que su oferta fue superior en S/ 469,404.09 con respecto al postor que debió resultar adjudicado de la buena pro”.
Afectaron el proceso electoral
“Estas situaciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral al favorecer indebidamente al postor ganador, quien además dio el servicio con 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo con 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección”, agregó.
Funcionarios que elaboraron los Términos de Referencia, bajo la lupa
Contraloría también apuntó hacia “el accionar irregular del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE”, quienes elaboraron los TdR sin determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400) para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
Otro hecho irregular fue que funcionarios de la ONPE solicitaron el traslado de equipos informáticos electorales de la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril) para las Elecciones Generales como contingencia.
Se afectó el plan operativo electoral
“Sin embargo, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE)”, explicó Contraloría.
Deficiente reprogramación de rutas
La tarde del 11 de abril, estos mismos funcionarios efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación (8.261 mesas), consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de hasta cuatro horas, cuando se requería al menos ocho, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos.
Distribución inoportuna de material y equipos electoral
“Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3.605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana y se afectó el derecho de sufragio de 55,261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue”, afirmó.
Prestaciones adicionales sin sustento técnico ni legal
La Contraloría también determinó que funcionarios de ONPE tramitaron y aprobaron, entre el 7 y 9 de abril, prestaciones adicionales por S/ 650,205.94, derivado del contrato de servicio de transporte por S/ 6’368,332.75, “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato».
Variación de precios por prestaciones adicionales significó un 900 % de alza del servicio
Como parte de las prestaciones adicionales se solicitó el incremento de rutas, vehículos de contingencia y la variación del precio unitario de S/ 0.60 por kilo para el repliegue de 5.441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima y Callao al local de Lurín, hasta S/ 6.00 por kilo desde los locales de votación a Lurín, generando un alza de 900 % respecto al contrato principal.
Recomendaciones
La Contraloría recomendó al titular de la ONPE realizar las acciones que permita efectuar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares. También se recomendó a la Procuraduría iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.
Finalmente, el informe recomienda comunicar los hallazgos del informe al titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
Fuente: Andina