Ante el recorte del presupuesto anual, sostuvo el propio Contralor César Aguilar.
La Contraloría General de la República podría entrar en una crisis institucional ante el recorte del presupuesto anual, que se presenta en un contexto de mayor necesidad de control gubernamental en pleno año preelectoral, afirmó el titular de dicha entidad, César Aguilar.
Continuidad operativa se está viendo restringida
En ese sentido, precisó que este recorte no permitiría garantizar la continuidad operativa y funcionamiento en gastos relacionados a las auditorías y servicios de control específico en todo el territorio nacional.
«Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora superior para ejercer su mandato constitucional de manera plena, y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias», dijo.
Déficit de recursos por estatus contractual del personal
En conferencia de prensa, recordó que, desde el inicio de su gestión se realizó un análisis de la situación presupuestal y del estatus contractual del personal que labora en la Contraloría, lo que generó particular preocupación con respecto al déficit de recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2025.
Reducción de presupuesto en relación al año 2024 fue de 600 millones de soles
En ese momento, se advirtió expresamente que la reducción del presupuesto institucional en más de 600 millones de soles con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del 2024 pone en riesgo las metas de los servicios de control gubernamental a consecuencia de la necesidad de reducciones drásticas de personal y limitaciones operativas.
No se renovó contrato a 2,750 trabajadores se perdió más del 30 % de capacidad operativa
Como resultado de no recibirse estos recursos adicionales, al finalizar marzo de 2025, la Contraloría se vio forzada a no renovar los contratos de 2,750 trabajadores vinculados bajo el régimen laboral a plazo determinado, con lo que se perdió el 31.65 % de su personal afectando su capacidad operativa para realizar labores de control.
Se está vulnerando la capacidad institucional de control
Esta situación constituiría una grave vulneración de la capacidad institucional para realizar su labor de control de los recursos públicos de una manera independiente.
Sin embargo, aún con esta severa contracción en su capacidad operativa, los recursos presupuestales con los que dispone actualmente la Contraloría siguen siendo insuficientes para garantizar la continuidad de sus operaciones, que se aproxima a un punto crítico.
Fuente: Andina