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Contraloría advierte que se pretende debilitar labor con propuesta del Congreso

La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la existencia de un predictamen en la Comisión de Fiscalización del Congreso que pretende debilitar su labor de fiscalización y de sanción frente a actos de corrupción, generando impunidad.

Mediante un pronunciamiento, el órgano auditor precisó que se trata de una propuesta legislativa sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública que distorsiona el proyecto original de la Contraloría respecto a la materia.

Capacidad sancionadora por responsabilidad funcional

Detalló que la fórmula, elaborada por la Comisión de Fiscalización, debería implicar el retorno inmediato de la capacidad de la Contraloría para sancionar administrativamente por responsabilidad funcional, sin embargo, desnaturaliza ese principio.

En ese sentido, la institución advierte que, si se aprueba el referido predictamen, no se podrá sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión o actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos.

Se debilita labor de Contraloría

“Consideramos que la propuesta de predictamen busca debilitar la labor de la Contraloría y retrasar el principal objetivo que tiene el proyecto de ley original que es la tipificación de las conductas infractoras en una norma con rango de ley. Esto genera incertidumbre, aumenta la sensación de impunidad en la ciudadanía y afecta severamente la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional, lo que daña la confianza de la población en sus instituciones”, expresó.

No convocaron a Contraloría

La contraloría indicó que la Comisión de Fiscalización no aceptó convocarla a una reunión para sustentar técnicamente la posición institucional, a pesar de haberla solicitado formalmente.

Asimismo, indicó que el predictamen propone una serie de cambios que no tienen amparo legal y alteran la organización del Estado. Por ejemplo, plantea convertir al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) en una institución adscrita a la Contraloría.

Lo cual, dificultará la aplicación de las disposiciones que emita este organismo superior de control orientado a la gestión administrativa, y el uso de los distintos sistemas de información que interoperan para la correcta función de control.

Autonomía

El TSRA es y ha sido un órgano resolutorio con autonomía para sus decisiones jurisdiccionales, ello también ha sido reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional, refirió.

Prevalencia del proceso sancionador

No menos importante, es que se estaría eliminando la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la contraloría sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar la imputación de cargos a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones, agregó.

«Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado sanciones benignas o la impunidad para los responsables toda vez que el funcionario infractor termina “sancionado débilmente” por quien lo nombró en el cargo», anotó.

Fuente: Andina

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