La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el dictamen, con texto sustitutorio, recaído en el Proyecto de Ley 8758/2024-PE, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025.
El documento que consta de 95 artículos, 105 Disposiciones Complementarias Finales y dos Disposiciones Complementarias Transitorias, fue aprobado con 28 votos a favor, cero en contra y una abstención.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el presupuesto para el próximo año asciende a la suma de S/ 251,801’045,185,00 (Doscientos cincuenta y un mil ochocientos un millones cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cinco y 00/100 soles).
Dicho monto comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú.
Entre otras disposiciones se autoriza el nombramiento de hasta 70 % de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.
También se incluye el nombramiento de hasta el 20 % de trabajadores administrativos de salud, y el nombramiento de médicos del Instituto de Medicina Legal.
Asimismo, se dispone que el financiamiento de inversiones para los créditos suplementarios y para la implementación de las políticas públicas se aprobarán mediante ley dada por el Congreso de la República, y ya no por decreto supremo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Así también que las transferencias financieras para las inversiones de gobiernos regionales y locales se efectúan hasta el 16 de setiembre de 2025.
No se consideró la prohibición del MEF que en los créditos suplementarios no se permita destinar recursos para la negociación colectiva, a fin de guardar coherencia con la reciente ley aprobada por el Pleno del Congreso que rechazó estas limitaciones a la Ley 31188, Ley de negociación colectiva.
En las disposiciones complementarias se autoriza a los gobiernos locales y regionales a utilizar hasta un 20 % de saldos de balance y de recursos del canon, sobre canon y regalías mineras para el mantenimiento de infraestructura y de acciones en materia de seguridad ciudadana, y lucha contra la criminalidad. Para ello estas entidades deben sujetarse a los lineamientos del Ministerio del Interior.
Fuente: Andina