Columnistas Noticias

Ciudades sin patrullaje policial

¿Dónde está el personal de las 142 comisarías de Lima Metropolitana?

En la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, la clave radica en determinar quién mantiene la iniciativa. ¿Es la delincuencia, aquella que innova sus formas de actuación delictiva cada semana y cada día? ¿O es la Policía Nacional, con estrategias de prevención y formas de inteligencia moderna frente al delito? Y la respuesta, lamentablemente, es desfavorable para la policía y el propio serenazgo a cargo de las municipalidades. Peor aún, cuando por la corrupción y la cultura de impunidad de los jueces, muchos delincuentes curtidos son puestos en libertad, pese a las pruebas evidentes del delito.

No cabe duda de que nuestra policía ha logrado avances muy significativos para capturar a las bandas organizadas. Nuestra policía es eficiente para actuar después del delito, pero no para prevenirlo e impedirlo. No ha logrado imponer un escenario de miedo a la delincuencia, a través de una ocupación territorial de la ciudad, especialmente en los lugares de riesgo. Y es aquí donde aparece el eslabón débil del sistema policial: las comisarías. Cualquier ciudadano común y corriente sabe que las comisarías son negligentes, lentas para prevenir el delito o están asediadas por grupos de delincuentes que las neutralizan a través de diversas modalidades.

Vivimos en ciudades donde no se realiza con intensidad y de manera activa el patrullaje policial. No me refiero solo a la presencia de policías de a pie –en grupos de cinco a seis policías– o en unidades móviles (motos o camionetas), y drones que cubran diversos cuadrantes para ocupar territorialmente la ciudad y mantener en vilo a los delincuentes. Me refiero también a la existencia de un patrullaje pasivo, sin iniciativa en los espacios de riesgo, cuando este se realiza. Es como si los policías salieran a las calles solo para cumplir su horario, sin una actitud proactiva, cuando deberían pedir documentos a los ciudadanos, visitar establecimientos comerciales, subirse a los ómnibus y otras formas de acción preventiva.

La verdad, es que no existe un intenso patrullaje policial. Cabe entonces preguntarse, ¿dónde está el personal de las 142 comisarías que existen en Lima Metropolitana y que en total reúnen a 10,500 policías? No puede ser una justificación que no exista la cantidad suficiente de policías para que, pese a todas las limitaciones, los barrios de Lima, las avenidas y los lugares de mayor riesgo no cuenten con presencias de patrullaje policial. Es algo que cualquier ciudadano de a pie, en un bus o en un automóvil puede verificar. La gran pregunta, insisto, es dónde están los policías.

Existen cinco explicaciones que bloquean al personal policial para que no se vuelque a las calles.

Primero, los policías prefieren quedarse en labores administrativas en sus comisarías, situación tolerada por los comisarios. Segundo, no existe el mando policial adecuado y enérgico para salir diariamente a realizar patrullaje policial. Predomina un comportamiento negligente, displicente, del mando policial para mantener un statu quo donde las comisarías son enclaves burocráticos en cada barrio, sin control territorial de su jurisdicción, ni supervisión del gobierno local y la ciudadanía. Tercero, en diversas jurisdicciones las comisarías tienen información sobre la ubicación de delincuentes, lugares de riesgo, pero están acosados por estos grupos de mal vivir a cambio de una coima. Cuarto, en muchos casos, la falta de mantenimiento de las unidades móviles y la falta de combustible impiden una mayor acción del patrullaje motorizado. Quinto, existe una alta carga administrativa en las comisarías, donde una buena cantidad de policías se dedican por lo menos a siete procedimientos administrativos, cuando estas actividades burocráticas deberían ser realizadas por un servicio civil administrativo especializado, al mando de los comisarios. Pero, todo indica que desde los altos mandos de la policía no tienen interés en crear esta administración civil en cada comisaría.

Por otro lado, según las propias informaciones del INEI, a nivel nacional, existen 28,000 efectivos del serenazgo municipal y en Lima una dotación atomizada de 13,000 efectivos, dispersa en 43 municipalidades y con nula capacidad de disuasión. Nadie entiende por qué, en plena guerra contra la inseguridad, un sereno no tiene competencia para obligar a que un ciudadano le muestre su DNI o pueda hacer uso de armas no letales en situaciones críticas. He aquí una expresión clara de cómo el Estado no tiene la iniciativa frente a la delincuencia; aquella que, durante los últimos años, muestra una alta imaginación, mutación y diversas modalidades para rebasar nuestro precario sistema se seguridad. Así lo comprobamos en los asaltos a ómnibus y la incursión en las cocheras de los residentes por la modalidad del combazo.

Si tuviéramos un mando policial, con mayor inteligencia estratégica, bien podría utilizar mejor al propio serenazgo municipal para cubrir la falta de personal policial. El problema es que muchos mandos policiales ponen por delante la contraprestación económica por este apoyo, en lugar de tener una actitud proactiva; entre otras cosas, aceptando que el serenazgo pueda contar con armas no letales. El asunto es que predominan los celos, en lugar de priorizar una verdadera lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

La experiencia pasada contra el terrorismo y, más recientemente, en acertadas decisiones de varios ministros del Interior, se ha demostrado que cuando existe decisión enérgica de poner miles de policías en la calle se ha obtenido logros muy importantes. Por eso, la decisión tiene que provenir del propio ministro del Interior.

Y en el corto plazo, urge una reorganización de las comisarías a nivel nacional. Una de las medidas más urgentes es crear el sistema civil de administración y atención en las comisarías. Quitar la competencia para que miles de policías se dediquen al control del tránsito, cuando esa debería ser una función especializada de las municipalidades provinciales, como ocurre en otros países. De esta manera, por lo menos el 90% del personal de cada comisaría debería estar en las calles realizando el ansiado patrullaje policial activo. Será esta una decisión estratégica fundamental para mantener la iniciativa estratégica y táctica, derrotando sistemáticamente a la delincuencia organizada y el delito común.

Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista / El Montonero

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.