“Lo ideal sería que los congresistas estén obligados a transparentar, año a año, sus procesos judiciales en curso”.
El Congreso afronta un grave problema por la falta de transparencia respecto a las carpetas fiscales que acumulan sus representantes y los impedimentos que dicta su propio reglamento. Esto ha ocasionado que se ponga en tela de juicio el accionar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y muestra la necesidad de tener claridad sobre los problemas judiciales que arrastran los parlamentarios.
Hasta la fecha, la Fiscalía de la Nación ha pedido la nulidad de 23 acuerdos adoptados por la SAC durante la presidencia de la legisladora María Acuña (Alianza para el Progreso) debido a que afrontaba una investigación por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa. De acuerdo con el reglamento del Congreso, un parlamentario está impedido de presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si tiene procesos en curso.
Este no es un problema nuevo en el Parlamento. En el 2022, Martha Moyano (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Óscar Zea (entonces en Podemos) fueron retirados de la SAC por sus respectivas bancadas al detectarse que contaban con procesos judiciales pendientes. La decisión se tomó luego de que el Poder Judicial remitiera al Legislativo un informe con el listado de los parlamentarios que tenían procesos judiciales en curso.
En esta ocasión, el Poder Judicial debería realizar el mismo trámite de informar sobre los congresistas que, a la fecha, cuentan con procesos abiertos. La información, además, debería ser pública, con el fin de que el Congreso no tenga excusa para nombrar a las personas idóneas en la SAC y así no se pongan en riesgo las carpetas de investigación que se dilucidan en dicho grupo de trabajo.
Este escenario nos lleva a pensar en el futuro, en el que lo ideal sería que los propios congresistas estén obligados a transparentar, año a año, sus procesos judiciales en curso. A la fecha, los parlamentarios solo están obligados a presentar su declaración de bienes y rentas, y su declaración jurada de intereses. No estaría mal transparentar sus casos fiscales y judiciales.
Sin ir muy lejos, los ministros están obligados a detallar sus casos fiscales al asumir el cargo. A través de esta información se pudo conocer que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acumula 12 carpetas en la fiscalía.
La ciudadanía debe contar con toda la información disponible respecto de las autoridades del país. En un escenario político, en el que la información es muy cambiante y los procesos son largos, resulta difícil para la ciudadanía seguir el detalle de tantos casos fiscales. Transparentar la información no solo ayudará a tener el panorama completo, sino que constituye una oportunidad para que las autoridades logren comunicar cuando se archiven los casos si es que logran demostrar su inocencia. El propio Congreso debería impulsar esta transparencia, pero lamentablemente la gestión de José Jerí ha empezado sin norte, repitiendo los errores de sus antecesores.
Fuente: El Comercio – Martin Hidalgo es jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)