“La implementación de un sistema de transporte público seguro y sostenible es algo para lo que nuestros gobernantes tienen competencias y recursos”.
En las últimas semanas, han aparecido una serie de noticias asociadas al transporte de personas en Lima y el Callao que, en suma, hacen de nuestra ciudad un lugar más caótico, peligroso e insostenible. Existen diferentes estudios que demuestran que somos la urbe con mayor congestión vehicular y con la peor calidad de aire del continente. Esto nos significa una pérdida de casi cinco años en nuestra expectativa de vida y cerca de dos mil millones de soles anuales en productividad (IPE, 2024). En este contexto, pareciera que nuestros políticos están empeñados en empeorar esta situación mediante la promoción del transporte informal e ilegal, y el entorpecimiento de cualquier tipo de reforma que nos lleve a un escenario formal, eficiente y seguro.
Como señala Mathías Panizo (El Comercio 12/4/24), en menos de dos años, congresistas de diferentes regiones han presentado hasta seis proyectos de ley para formalizar la operación de los taxis colectivos en Lima y el Callao, y el pleno acaba de aprobar una ley para que los taxis ya no requieran una autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) para prestar el servicio. En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pedido de la ATU, ha autorizado que combis con hasta 35 años de antigüedad sigan circulando. La justificación, tan lamentable como la noticia, es que se estaría buscando no desabastecer el parque automotor asociado al transporte público, y así evitar el incremento de la informalidad (Hernán Medrano, El Comercio 7/6/24).
Esto pone en evidencia un doble fracaso: el de la renovación del parque automotor y el de la erradicación del transporte informal. Debemos recordar que en el 2018 el Congreso creó la ATU con la finalidad de acelerar la reforma del transporte público y, como vemos, el resultado ha sido decepcionante. No solo no se ha avanzado en la reforma, sino que dos de los cinco corredores complementarios que circulaban en el 2018 han dejado de hacerlo. No hemos progresado con la implementación de nuevas líneas del Metropolitano y la línea 2 del metro lleva 12 años en construcción. A la fecha, la metrópoli nacional no cuenta con un plan de movilidad urbana que sirva para determinar y priorizar las acciones e inversiones asociadas al transporte.
En paralelo, un grupo de mototaxistas protestó hace unos días frente al MTC para que se eliminara el examen de conocimiento para revalidar la licencia de conducción. Lo peor es que, según El Comercio (5/6/24), el día anterior a la marcha el ministro ya habría firmado el decreto supremo que lo suspende. Los argumentos esgrimidos por los conductores son insólitos. A todo esto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha solicitado que el alcalde pueda circular por las vías del Metropolitano para evitar la congestión vehicular, cuando es justamente esta entidad la responsable del diseño, la implementación y la gestión de las principales avenidas.
Algunos podrán decir que, al no controlar el transporte público, la MML tiene limitadas herramientas para resolver la congestión. Esto no sería tan cierto. David Fairlie, ingeniero de tránsito, explicó para el podcast que producimos junto al Comité, “Ciudades que inspiran”, que esta se puede reducir considerablemente mediante el adecuado diseño y semaforización de las vías. Hace unos años, la Asociación Cruzada Vial hizo un estudio de la avenida Aramburú en el que se demostró que estas acciones podían ayudar a reducir hasta en un 90% las demoras en los cruces. Con ello, se evidenció que, para ciertas intersecciones, una adecuada gestión del tránsito es mucho más económica, rápida y eficiente que la construcción de puentes, vías elevadas y ‘by-pass’. Sería importante que la MML hiciera un adecuado análisis de las vías para enfocar mejor sus acciones.
Como vemos, la mejor gestión de las vías y la implementación de un sistema de transporte público seguro y sostenible son acciones urgentes para las que nuestros gobernantes tienen competencias y recursos. Debemos exigirles que se enfoquen en ello, en vez de seguir incentivando la informalidad y el caos con leyes, propuestas improvisadas y acciones erráticas. Cada hora que perdemos, y cada vida que nos arrebata esta situación funesta, es su responsabilidad.
Fuente: El Comercio – Aldo Facho Dede – Arquitecto y urbanista.