“La fragmentación electoral no es la causa, sino el síntoma de un fenómeno más profundo y casi imposible de remediar a través de una reforma normativa”.
Hemos querido reformar nuestro sistema político desde hace 20 años y hemos fracasado repetidamente. En el 2005, 2009, 2016, 2019 y 2023 se hicieron modificaciones sustantivas a la Ley de Organizaciones Políticas, originalmente aprobada en el 2003. Con la parcial excepción de los cambios introducidos en el 2019, la reforma política ha tenido una constante: intentar reducir la oferta electoral a través de requisitos y umbrales de acceso (valla electoral). A principios de los 2000, luego de que los partidos tradicionales se fragmentaran en miles de candidaturas independientes, la mayoría de los expertos consideraba que era necesario incluir en la legislación mecanismos que limitaran el ingreso a la competencia electoral de vehículos personalistas y partidos ad hoc. El resultado esperado de la primera ley de partidos era que, en el mediano plazo, tanto políticos como electores convergiesen en unos pocos partidos nacionales.
Como es evidente, esto nunca ocurrió, a pesar de que el Perú figura entre los países con más burocracia para inscribir un partido en América Latina y tiene uno de los umbrales de representación más elevados de la región. Es posible argumentar, además, que, en el contexto actual, las medidas de control de la oferta política están contribuyendo a la cartelización de la representación congresal. Como ha sugerido Augusto Townsend en estas páginas, los partidos en el Congreso parecen comportase crecientemente como empresas coludidas entre sí para repartirse el mercado y afianzar su ventaja de incumbencia. Recientemente, aprobaron reincorporar la presentación de firmas de adherentes como requisito para la inscripción de nuevas agrupaciones, lo que había sido modificado en el 2019 por un porcentaje menor de afiliados. Esto significa, en la práctica, barreras de ingreso más altas para nuevos partidos.
También se han afianzado las barreras para políticos individuales. La anulación de elecciones primarias abiertas, donde participase el conjunto de la ciudadanía, resta oportunidades de acceso a personas sin contacto directo con quien encabeza el partido. Ello devuelve o, mejor dicho, preserva la capacidad de control de las listas parlamentarias del candidato presidencial y sus allegados cercanos (en Lima, Trujillo o Huancayo), y asegura la permanencia de prácticas informales de selección de postulantes. Las elecciones primarias abiertas, por supuesto, no aseguraban una mejora inmediata en la calidad de la oferta ni mucho menos la revitalización de militancias en un país donde, de acuerdo con el Barómetro de las Américas, solo el 8 % de los ciudadanos dice tener confianza en los partidos políticos, pero iba en la dirección correcta en un aspecto que creo fundamental: abrir el acceso a la competencia política.
Si durante 20 años la constante en la reforma electoral ha sido limitar la oferta, ha llegado el momento de repensar esta orientación. Quiero dar aquí dos motivos de por qué. Primero, ha quedado ya bastante claro que más regulación y barreras de ingreso no es equivalente a partidos más competentes o responsables ante sus electores. Por lo general, estos mecanismos beneficiaron a aquellos con recursos suficientes para superar los cercos burocráticos. Tampoco contribuyeron al sistema en su conjunto. Nuestra valla congresal, por ejemplo, no ha impedido la extrema fragmentación de las bancadas ni disuadido el emprendedurismo político. De acuerdo con el politólogo Karel Kouba, los umbrales de representación tienen un efecto desestabilizador en los sistemas de partidos de América Latina y son un predictor estadísticamente significativo de alta volatilidad electoral. Más aún, a lo largo de este mismo período, la dificultad para inscribir partidos generó situaciones insólitas de candidatos electoralmente viables, pero sin inscripción, como Ollanta Humala en el 2006 y Julio Guzmán en el 2016.
Segundo, colocar barreras de ingreso y requisitos formales para fortalecer la representación es como querer curar la bronquitis con jarabe para la tos. La fragmentación electoral no es la causa, sino el síntoma de un fenómeno más profundo y casi imposible de remediar a través de una reforma normativa: la ausencia de vínculos entre partidos y electores. En el Perú, la demanda electoral no tiene preferencias partidarias preestablecidas y puede cambiar radicalmente de una elección a otra. En el 2021, cuatro agrupaciones nuevas concentraron cerca del 50% de la votación presidencial, mientras que el Frepap, que había sorprendido con su desempeño un año antes, no logró superar la valla, así como tampoco el Partido Nacionalista, el único que alguna vez había ocupado el gobierno nacional aún en competencia. La formación de nuevos emprendimientos políticos responde centralmente, entonces, a un ambiente de extrema volatilidad, donde hay una demanda constante por opciones diferentes a las existentes.
Por ello, es un error pensar que al limitar la oferta se van a generar efectos positivos en la demanda. Al contrario, fomenta una mayor alienación en los electores (obligados a escoger entre opciones deficientes) e incentiva a los políticos a ser menos receptivos a la opinión pública. Este es el escenario propicio para el aprovechamiento de los cargos públicos en beneficio personal. Sin embargo, existe un tabú muy fuerte alrededor de propuestas para reducir las barreras de ingreso. Incluso Carlos Meléndez, quien en una columna reciente ha acusado a los “reformólogos” de keynesianismo político, concluye diciendo que antes de abrir el sistema hay que pensar en candados que limiten el acceso al mercado electoral.
Pero esos candados no han dado resultado. Limitan la fragmentación de manera artificial, sin controlar la volatilidad. Por ello, propongo abrir la cancha y tolerar, al menos de manera transitoria, una alta fragmentación. El beneficio de hacer esto es facilitar canales de acceso para políticos de mejor calidad, quienes hoy enfrentan amplias dificultades para poner su nombre en la boleta electoral. Esto también abre las puertas a los aventureros, por supuesto. Pero, con el riesgo de repetirme, el sistema político no será reformado porque encontremos una fórmula legal mágica, sino que implica trabajo de fondo. Abiertas las puertas, la sociedad civil y los empresarios comprometidos con el país tienen la oportunidad de fortalecer candidaturas y emprendimientos políticos que apuesten por el servicio público. Abrir la cancha implica prepararse para competir en política seriamente, y hoy esa es una tarea más urgente que nunca.
Fuente: El Comercio – Mauricio Zavaleta – Politólogo