“Nada va a ser posible sin una autoridad única, con autonomía y competencias plenas”.
En el 2024, ocurrieron más de 44.000 siniestros de tránsito en Lima y el Callao, que se cobraron la vida de 624 personas. Esta tragedia evitable se debe al desgobierno de las vías metropolitanas, cuyas principales consecuencias son su deficiente estado y diseño, la inadecuada semaforización y señalización, el retraso en las obras viales priorizadas en los diferentes planes, el obsoleto sistema de transporte público y la proliferación de sistemas informales e ilegales que incrementan el riesgo. Esta situación genera congestión y saturación permanentes, favorece malas prácticas de manejo y provoca la enajenación y agresividad de los conductores, todo ello frente a la limitada capacidad de acción de fiscalizadores y policías, restringida por la fragmentación de la autoridad.
La caminata, el medio más usado para desplazarse, es una actividad de alto riesgo, tanto por la conducta de algunos conductores como por el deterioro generalizado de las veredas y cruces peatonales, la mayoría sin rampas ni señalización adecuada. Esto se agrava en el caso de personas con limitaciones motrices o usuarios de bicicletas y vehículos de micro movilidad, que enfrentan aún mayores riesgos por la ausencia de infraestructura segura y continua.
Paradójicamente, somos la ciudad más lenta de la región en implementar sistemas de transporte público masivo. Nos demoramos hasta seis veces más en ejecutarlos, y nuestra infraestructura figura entre las más costosas por kilómetro construido (El Comercio).
Todo ello favorece a los informales, que gobiernan de facto nuestras avenidas, mientras la Policía Nacional, las municipalidades de Lima y el Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes se debaten entre competencias superpuestas, sin una hoja de ruta común ni liderazgo claro. Esta realidad ha sido descrita con claridad en la recientemente publicada propuesta del Plan de Movilidad Urbana de Lima y el Callao (PMU), instrumento promovido por la ATU con la finalidad de impulsar “la creación de un sistema de movilidad integrado, accesible, eficiente y sostenible”. Elaborar esta importante herramienta ha tomado tres años, y debiera ser aprobada antes de finalizar este gobierno.
El PMU se articula con los planes de desarrollo metropolitano de Lima y Callao, y propone una visión de corto, mediano y largo plazo que debiera concretarse en los próximos 20 años. Para ello se han propuesto cerca de 200 proyectos que buscan superar la actual fragmentación, desconexión y obsolescencia del sistema de transporte, entre los cuales se destacan nueve líneas de metro, 15 líneas del Metropolitano, ocho teleféricos y una red de corredores de buses, que sumarán 1.284 km de transporte público masivo, seguro y de calidad. La inversión total proyectada se acerca a los 40.000 millones de dólares, que equivale al 14% del PBI nacional.
Pero nada de esto será posible sin una autoridad única, con autonomía y competencias plenas. La ATU se creó en el 2018 como una reacción a la imposibilidad de implementar una reforma del transporte por los conflictos permanentes entre las municipalidades de Lima y el Callao. Si bien se le dieron las competencias en materia de transporte de personas, las municipalidades mantuvieron el control sobre las vías metropolitanas, dependiendo de estas su implementación, semaforización, señalización y mantenimiento. Esa superposición de funciones entorpece y limita la acción coordinada de las tres entidades.
Una situación muy distinta se observa en ciudades con sistemas de transporte modernos, como Buenos Aires, Bogotá o Quito, donde una autoridad metropolitana gobierna la infraestructura vial y el transporte, o en Santiago de Chile, donde el Ministerio de Transportes lidera la planificación y gestión. La ATU está muy lejos de esa realidad. ¿Podrá entonces implementar la reforma que propone?
Las próximas elecciones definirán si Lima y el Callao siguen atrapadas en el caos o avanzan hacia una movilidad moderna, sostenible y segura. Urge que los candidatos asuman un compromiso claro con la aprobación e implementación del PMU. No se trata solo de transporte; están en juego la vida de miles de ciudadanos y el futuro de la metrópoli nacional. Exijamos que se actúe con decisión, coherencia y autoridad.
Fuente: El Comercio – Aldo Facho Dede Es arquitecto urbanista.