“Lo que propone el Estado Peruano es una confiscación disfrazada de defensa de derechos. Un derecho no es la provisión de los medios materiales para ejercerlo”.
Un juzgado de Pachacámac suspendió el cobro de peajes en Villa y Punta Negra. La empresa concesionaria quedó, de esta manera, sin ingresos.
Es maravilloso no pagar peajes y usar carreteras ya hechas por otros. Las carreteras, sin embargo, no se mantienen por sí solas. Por eso se hacen concesiones y los concesionarios invierten millones de dólares.
¿Qué pasa con los millones de dólares invertidos? ¡Nada! ¡Nos los quedamos! ¿No es eso un robo? ¡No, hombre, es el derecho al libre tránsito, aprovecha!
Como ha dicho el alcalde Renzo Reggiardo, todo esto se debe al exalcalde Rafael López Aliaga. Lo dijo como homenaje, pero les sirve a los inversionistas para sustentar su caso ante el arbitraje internacional.
La concesionaria se quedó sin ingresos. El contrato de concesión, sin embargo, la obliga a realizar el mantenimiento. ¿Cómo lo haría sin ingresos?
Lo que propone el Estado Peruano es una confiscación disfrazada de defensa de derechos. Un derecho no es la provisión de los medios materiales para ejercerlo.
No hay libre tránsito porque no hay rutas alternativas. ¿Y quién tenía que hacer esas rutas? ¡La Municipalidad de Lima!
Lo dice el Tribunal Constitucional en un auto aclaratorio del 31 de mayo. La municipalidad tiene la “ineludible obligación” de no dilatar ni ralentizar la construcción de la vía alterna.
Según el contrato, ante controversias, las partes deben acudir a un tribunal arbitral. Está firmado por ambas partes.
El problema para la municipalidad es que ya hay dos laudos que la obligan a pagar 200 millones de dólares. López Aliaga anunció: nunca los pagarán. No pagaremos a la gente corrupta, dijo.
Si yo digo mañana que un banco es corrupto, entonces ya no pago mis deudas. Ese es el razonamiento. Mi dicho en lugar del debido proceso. De hecho, López Aliaga la emprendió contra las tasas de interés de los bancos.
Como Odebrecht es una empresa corrupta, hay que tomar los peajes. ¡Gratis!
Odebrecht vendió a Brookfield sin conocer sus tratos corruptos. Si se sostiene que los conocía, tiene que probarse. No basta con una proclama electorera.
Si esta confiscación asolapada prospera, nos irá muy mal como plaza de inversión. Solo se podrá invertir según lo que diga o piense la autoridad. Eso, sabemos, lleva de vuelta a la corrupción.
Al final, tendremos que pagar o volvernos, como antes, parias internacionales. Esto es la destrucción de la inversión y del Estado de derecho.
Fuente: El Comercio – Federico Salazar es periodista