El Congreso debe rectificar la ley sobre crimen organizado. No se puede dar ventajas a los delincuentes en los allanamientos. ¿Está dispuesto el Congreso a retroceder?
El Gobierno ha anunciado una serie de medidas para enfrentar a la extorsión y los asesinatos vinculados al transporte público. El paro de transportistas lo puso contra las cuerdas.
Las medidas del Gobierno no tendrán efecto inmediato, lamentablemente. Los transportistas han dicho que, si no se hace algo para detener la extorsión, volverán a parar. Además del caos social, el impacto económico podría ser profundo.
¿Quién paga las horas no trabajadas? ¿Cómo se resuelve el problema laboral?
El Congreso debe rectificar la ley sobre crimen organizado. No se puede dar ventajas a los delincuentes en los allanamientos. ¿Está dispuesto el Congreso a retroceder?
La declaración de estados de emergencia en los distritos más afectados no resuelve el problema criminal. Quizá calma los ánimos de los transportistas, pero en sí misma no saca a los sicarios de la escena.
Un estado de emergencia tiene sentido si se establece según un plan de intervenciones. Se hace para facilitar la captura y detención de los criminales. Si no hay planes basados en inteligencia, el estado de emergencia no resuelve nada.
El delincuente tiene la ventaja de la sorpresa. Puede aparecer en los terminales de buses como en cualquier punto de la ruta. Es materialmente imposible dar seguridad a las 24 mil unidades de transporte público de Lima Metropolitana.
El problema, sin embargo, no es solo de la policía. No hay una coordinación eficaz con la fiscalía.
Muchas veces capturan repetidamente a los mismos delincuentes. Otras, fiscales no derivan los casos a la División de Homicidios, sino a la Depincri de sus jurisdicciones, con lo que los casos no se resuelven adecuadamente (El Comercio, 28/9/24, p. 5).
¿Van a llegar los casos al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex)?
Resolver la falta de unidad de criterio entre la policía y la fiscalía debe hacerse al más alto nivel. La presidente Dina Boluarte tiene que dar ese paso, aunque tenga entre ceja y ceja a la Fiscalía de la Nación, debido a las investigaciones abiertas en su contra.
El ministro del Interior, también investigado, ha criticado de manera pública al fiscal de la Nación y en general al Ministerio Público. ¿Cómo va a lograr la coordinación operativa entre la policía y la fiscalía?
La presidente Boluarte y el ministro Santivañez deben poner a un lado sus intereses políticos. De no hacerlo, la crisis de seguridad puede convertirse en crisis económica y social. Es una verdadera bomba de tiempo.
Fuente: El Comercio – Federico Salazar es Periodista