La Federación de Periodistas del Perú (FPP) ha elevado una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la fiscal Marita Barreto y el fiscal José Huaylla, en respuesta a lo que consideran constantes actos contra la libertad de expresión en el país.
Este movimiento surge tras la imputación de lavado de activos por parte de la fiscal Barreto contra colaboradores del diario Expreso, quienes habían sacado a la luz sospechosos movimientos financieros relacionados con la funcionaria pública. Según las revelaciones realizadas en el mencionado medio, Barreto habría adquirido un terreno en Asia por una suma significativa, cuyos fondos se encontraban en efectivo.
El presidente de la FPP, Ángel Sánchez, acompañado del abogado Erasmo Reyna, declaró: “Vamos a ir hasta las mismas Naciones Unidas para tocar las puertas allí, para exponer lo que está ocurriendo, y presionar a través de los medios de comunicación internacionales, para que tomen las acciones correspondientes”. Esta denuncia no solo apunta a buscar justicia en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional, movilizando así una respuesta global ante lo que consideran un atropello a la libertad de prensa.
Además, se ha cuestionado enérgicamente el inicio de una investigación preparatoria contra José Briceño y Rafael Romero, federados de nuestra institución y colaboradores del diario Expreso, a quienes se les ha imputado el cargo de organización criminal. Ambos periodistas habían expuesto públicamente información incómoda para la fiscal Barreto, revelando presuntas irregularidades en su accionar.
Sánchez, visiblemente indignado, añadió: “Quiero decirle a la señora Marita Barreto, a esta mala fiscal, que el periodismo no se va a arrodillar delante de ella ni delante de ningún personaje, jurídico o político, que pretenda menoscabar o minimizar el trabajo periodístico”. Sus palabras reflejan la determinación del gremio periodístico de resistir cualquier intento de censura o represalia.
La situación ha generado una ola de críticas hacia la fiscal Barreto, con numerosas voces exigiendo una respuesta contundente tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, se espera una pronta acción por parte de las autoridades competentes para salvaguardar el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país.
Fuente: FPP