Ahora que los candidatos al sillón municipal de Lima, vienen ofreciendo el oro y el moro, sería bueno que nos digan que acciones desarrollarían frente a la prolongada impunidad del doloso negocio en la recolección de los residuos sólidos en el Cercado de Lima y que compromete a dos rellenos sanitarios (El Zapallal en Carabayllo y Portillo Grande en Lurín), así como la planta de transferencia Huayna Cápac, en San Juan de Miraflores.
Mientras la Contraloría se hace de la vista gorda, desde el año 1995, existe una sola empresa que tiene la concesión de ese servicio, solo que ha cambiado de nombre, habiendo empezado como VEGA UPACÁ S. A., luego cambiado de nombre a RELIMA AMBIENTAL S.A. y ahora INNOVA AMBIENTAL S.A.
Es una cuestionable situación donde pese a haber culminado el contrato de concesión de este servicio en setiembre del 2015, la empresa siga beneficiándose de sucesivas adendas, sin que exista voluntad de la autoridad municipal por hacer realidad una nueva licitación, con los altos costos del servicio por un monto de 320 soles la tonelada, mientras que el promedio en todos los distritos de la capital es de 135 soles. Lo más escandaloso es que, pese a que el contrato de concesión había estipulado que toda la flota de unidades móviles debieran pasar a propiedad de la Municipalidad de Lima, esta siga en poder de la empresa. En el mes de noviembre de 2017, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó la convocatoria al “Concurso de Limpieza Pública”, para dar en concesión el manejo y recolección de residuos sólidos del Cercado de Lima. Sin embargo, las bases y la absolución a la primera rueda de consultas advirtió que este proceso de concesión resultaba inviable, bloqueándose la Buena y provocando nuevas adendas, con la misma empresa.
Recordemos que, entre este caso y el bochornoso “Caso Comunicore”, existe un hilo conductor, pero en noviembre del 2019, un total de 14 ex funcionarios de la Municipalidad de Lima, involucrados fueron absueltos. Como se recuerda, el 2005, la Municipalidad de Lima tenía una deuda de 35,9 millones de soles con Relima, pero ese año, Comunicore compró la acreencia a la empresa de limpieza pública. Sin embargo, solo pagó 14,6 millones de soles. Pese a las evidentes irregularidades realizadas primó la impunidad.
Pero, ¿Cómo funciona el mecanismo para perpetuar este cuestionable negocio, dándole apariencia de legalidad? El primer paso consiste en convocar el proceso de licitación con mucha tardanza, lo cual, provoca que este fracase, para crear inevitablemente nuevas adendas. El segundo paso, es que deliberadamente los funcionarios, en las bases del concurso, aumentan drásticamente los montos de inversión, en comparación con los que actualmente brinda la empresa Innova Ambiental S.A. para generar deliberadamente observaciones y que luego el proceso termine bloqueado.
El tercer paso, radica en buscar informes en el Ministerio de Economía y Finanzas y acuerdos de urgencia en el Concejo Metropolitano, que terminen por edulcorar legalmente las adendas, incluso con un respaldo político. El cuarto pasó, formulado más recientemente y, en las últimas convocatorias lanzada por la administración municipal, radica en las enormes diferencias entre las condiciones de las que actualmente goza Innova Ambiental y las que tendrá que afrontar el nuevo concesionario, lo que haría inviable la otorgación de la buena pro. Por poner solo un ejemplo, en el rubro de “Equipamiento”, a Innova Ambiental no se le pide la renovación de los camiones, ni la adquisición de otros equipos, mientras que a otras empresas se les exige una garantía para renovar los camiones cada 5 años y adquirir barredoras mecánicas, hasta por un 26 % del barrido total. Obviamente, el objetivo es volver a entrampar el proceso o si éste fuera viable de todas maneras ganaría la Buena Pro la actual empresa Innova Ambiental S.A. Como se puede observar se trata de una corrupción legalizada, que funciona en las narices de los órganos de control, los regidores metropolitanos y a un sector de los medios de comunicación que tienen como engreída a la actual gestión metropolitana.
De este modo, desde octubre de 1995, cuando en la gestión del alcalde Alberto Andrade, la MML suscribió una concesión con la empresa Vega Upacá S. A., una sola empresa privada ha venido brindando los servicios de recolección de residuos sólidos y disposición final, por un total de 27 años. El agravante es que lo viene haciendo con una flota vehicular, dos rellenos sanitarios y una planta de transferencia que son de propiedad de la comuna metropolitana, maximizando las ganancias, con el silencio cómplice de la Contraloría, autoridades y gran parte de medios de comunicación. En muchos casos, la empresa privada cobra el más alto costo de este servicio en Lima Metropolitana (320 soles la tonelada), pero con vehículos que tienen más de 12 años de antigüedad.
Debemos advertir, además, que este proceso de maximización de ganancias por parte de Innova Ambiental S.A., es mucho más alta, a costa del patrimonio público metropolitano, por el hecho que en la Cuarta Clausula de la renovación contractual que se hizo en agosto del 2005, la empresa al utilizar los rellenos sanitarios de El Zapallal en Carabayllo y Portillo Grande en Lurín, así como la planta de transferencia Huayna Cápac, en San Juan de Miraflores, tiene también la atribución de brindar servicios a otras municipalidades y empresas privadas, a cambio de una contraprestación, según costos del mercado, con lo cual, el negocio de la basura es una verdadera ganga, con el silencio de las autoridades de control.
Ya desde el año 2018, según había advertido el Capítulo de Ingeniería Agrícola del Colegio de Ingenieros del Perú, la Municipalidad de Lima había perdido entre el 2016 y 2018 más de 65 millones de soles por el recojo de basura, debido a la antigüedad de los camiones recolectores de desperdicios que, inexplicablemente, convierte a ese servicio en uno de los más caros de Latinoamérica. Ahora, en el 2022, esas pérdidas de hecho son mayores por concepto de los componentes del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima paga 320 soles por tonelada y con una flota que sobrepasa los diez años de antigüedad.
La gestión de residuos sólidos de la MML aparece así como uno de los más caros e ineficientes en el Perú y Latinoamérica. Es un estándar que entra en abierta contradicción con un discurso integrador y modernizante, a través de la propuesta de integración y modernización de la ciudad, tal como el actual alcalde de Lima, Miguel Romero y su antecesor, pretenden con la propuesta de “Alcaldía Mayor”, uno de cuyos componentes sería crear sistemas metropolitanos estandarizados y bajo economía de escala en la gestión de residuos sólidos. Surgen aquí entonces las siguientes preguntas: ¿Se pretende desde la centralidad municipal de la llamada “Alcaldía Mayor” generalizar a todos los distritos esos altos costos e ineficiencia a toda la ciudad a través de un leonino contrato de concesión? Y en un caso de integración con cuatro unidades territoriales, ¿cómo resolvería la alta de dependencia e hipoteca a un contrato de concesión que además compromete a dos rellenos sanitarios y una planta de transferencia?
Si algo demuestra la cuestionable gestión del servicio de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima es que una reforma institucional que procure disminuir los altos niveles de atomización de la ciudad, ésta no puede tener éxito con un enfoque centralista y que no esté acompañado de mecanismos de control, democratización y un nuevo enfoque de los procesos del capital privado. La integración territorial y la generación de procesos metropolitanos de gran escala en los servicios públicos suponen también crear sistemas que acaben con la alta corrupción municipal en todo el ámbito metropolitano, algo sobre lo cual, dicho sea de paso, ningún candidato al sillón municipal ha realizado.
Haría bien el alcalde de Lima en mirarse en el costoso espejo de un cuestionable servicio de limpieza pública, en las costosas y corruptas concesiones desarrolladas en las últimas tres décadas y en su propio fuero municipal interno, antes que proponer fórmulas que no se condice con una gestión que tiene mucho que cambiar. Por tanto, no basta con realizar propuestas difusas y generales, cuando en el día a día, no hay una voluntad real de realizar cambios de fondo.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista