Al menos mil de personas se manifestaron el pasado viernes 15 de octubre, en el centro de Santiago de Chile cuando apenas faltan tres días para que este 18 de octubre se cumplan dos años de las protestas sociales que remecieron al país y acabaron por abrir un proceso constituyente.
La marcha fue convocada a través de redes sociales y se concentró en la Plaza Italia de la capital, epicentro de aquella ola de protestas que en su momento más álgido, el 25 de octubre de 2019, llegó a congregar a más de un millón de personas.
La manifestación de este viernes fue eminentemente pacífica, con cánticos, tambores y música, aunque hubo algunas barricadas, fogatas callejeras y el tráfico vehicular tuvo que ser cortado.
Los asistentes proclamaban consignas por la libertad de las personas que fueron detenidas durante las protestas de 2019 y también pidieron la renuncia del presidente del país, Sebastián Piñera.
El estallido social del 18 de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal de Chile, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de muertos, así como miles de heridos y de detenidos por episodios de violencia extrema, vandalismo, saqueos e incendios, entre otros.
Abuso policial y militar
Al mismo tiempo, las fuerzas del orden del cuerpo policial de Carabineros y del Ejército quedaron en entredicho y fueron acusadas de ejercer represión y violar derechos humanos para sofocar las protestas.
«Acá se derramó sangre y el Gobierno le mintió al pueblo cuando dijo que eran delincuentes. No eran delincuentes, solo pensaban diferente» dijo a Efe desde la Plaza Italia Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que resultó asesinado en un operativo policial.
«Por eso estoy acá, para decirle al pueblo que estoy con el pueblo y decirle al Estado de Chile que se está equivocando», agregó.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional, a fecha de marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de presunta violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial para contener las protestas.
El proceso constituyente que actualmente se da en el país fue la vía política que encontraron los parlamentarios para amainar esta crisis social.
La Convención Constituyente que trabaja en la nueva Carta Magna se instauró en julio de este año y su objetivo es redactar antes de mayo de 2022 la nueva Constitución que sustituirá a la actual, vigente desde la dictadura militar y concebida como el origen de las graves desigualdades por las que tuvieron lugar las protestas.
Fuente: Andina