La Sala Penal Anticorrupción revocó la prisión preventiva de 24 meses impuesta al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y le dispuso detención domiciliaria.
Dicha sala también confirmó comparecencia con restricciones al excongresista José Luna Gálvez y Giselle Zegarra Flores por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros.
Castañeda cumplía la prisión preventiva en el penal de Miguel Castro Castro, del distrito de San Juan de Lurigancho.
De acuerdo con la resolución judicial, el exalcalde deberá afrontar la investigación en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos agravado, también por 24 meses en su vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.
Caución económica
El documento precisa, además, que Castañeda Lossio debe pagar una caución económica de 100 mil soles en un plazo de 72 horas y que, luego de cumplir con este pago y se instale la detención domiciliaria, se procederá a dejar sin efecto la prisión preventiva.
La resolución dispone, igualmente, algunas prohibiciones para el exalcalde, como la comunicación con los coimputados en el proceso y los testigos y/o peritos que el Ministerio cite para fines de investigación. Tampoco podrá dar declaraciones a ningún medio de comunicación por este caso.
Prohibiciones
No podrá realizar reuniones sociales en el inmueble conde cumplirá la detención domiciliaría, a excepción de las visitas de familiares que pudiera recibir y tiene prohibido realizar actividad política directa o indirectamente.
Acusación fiscal
El pasado 14 de febrero, la jueza María Álvarez Camacho dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
Según la tesis de la fiscalía, el exburgomaestre capitalino recibió US$480.000 de OAS y entre 100 mil dólares y 120 mil dólares de Odebrecht para su campaña electoral del año 2014.
Se le imputa ser parte de una organización criminal que favoreció a dichas empresas con proyectos como la Línea Amarilla y la adenda 2 de la concesión de esa obra.
Fuente: Andina