Una reyerta en el penal El Milagro (Trujillo) ocasionó el deceso de tres internos fallecidos y un herido; en tanto en la caseta de control del penal de Socabaya (Arequipa), dejó dos heridos. Ambos eventos no son aislados, responden a dinámicas delictivas estructurales.
Disputa por el control de espacios.
En el penal El Milagro, la gresca en el pabellón 4 cobró la vida del delegado del sector. Una muestra que las bandas criminales no solo buscan sobrevivir; sino cogobernar los pabellones.
De acuerdo a opinión de conocedores, quien controla un pabellón en un penal, controla las economías ilegales internas: cobro de cupos por celdas, monopolio del ingreso de drogas y los espacios físicos estratégicos. La muerte de cabecillas o delegados suele ser el resultado de un ajuste de cuentas o la irrupción de nuevas facciones que buscan desplazar a las mafias locales.
Mientras que el lanzamiento de una granada de guerra contra la garita de ingreso en el penal de Socabaya por sujetos en moto, es una clásica táctica de amedrentamiento y coacción terrorista/criminal.
Hacinamiento crítico.
La sobrepoblación obliga a que internos de baja peligrosidad o en condición de procesados, compartan espacios con miembros de mega bandas y redes de crimen organizado transnacional (como facciones del Tren de Aragua o bandas injertadas del norte). Esta convivencia forzada genera un ecosistema de alta fricción donde cualquier chispa detona en grescas generalizadas sumamente letales, como lo ocurrido en el penal El Milagro.
Dilema del filtro y corrupción.
Ante este hecho, el Gobierno debe recuperar el principio de autoridad de forma inmediata, por ejemplo, aislando a los cabecillas, o trasladando de forma inmediata y sorpresiva a los líderes de los pabellones de El Milagro y Socabaya, hacia penales de régimen cerrado especial (como #Challapalca o #Cochamarca).
Al mismo tiempo, el Gobierno debe tener en cuenta, que cualquier tecnología de punta o ley de emergencia, fallará si el factor humano está corrompido. La crisis de los penales no es un problema de falta de rejas, sino de permeabilidad. Mientras un agente penitenciario gane un sueldo bajo y esté expuesto a la oferta de la criminalidad organizada, las armas y los celulares seguirán ingresando. Por ello, la reestructuración del #INPE con polígrafos periódicos, bonos de riesgo y control biométrico estricto de accesos, puede ser parte de una solución.
Escribe: Pedro Yaranga