«El Perú es el país de las incertidumbres, pero lo ocurrido con Lima pudo evitarlo el JNE. Los políticos y los partidos pueden hacer lo que quieran, pero las instituciones deben colocar límites bajo el imperio de la ley, con firmeza.
Esto no ha sucedido. A lo largo del año, tanto en las elecciones generales como en las regionales y municipales, las reglas que eran claras dejaron de serlo y, allí donde eran poco claras, se pronunciaron.
Se ha llegado al escenario que ya se había adelantado. Gana Renovación Popular en Lima y Rafael López Aliaga festeja como si fuera a asumir la alcaldía. No está impedido de ser candidato a primer regidor, pero para todos era claro, incluso para el JNE, que su intención era la alcaldía. Había perdido la presidencia y no quiso asumir el cargo de senador. Luis Rubio se prestó a esta estrategia, inscribiéndose como candidato a alcalde y luego renunció, dejando el camino libre a su líder para abrir paso al objetivo de López Aliaga: reelegirse, allí donde la Constitución es clara. No es posible la reelección de alcaldes.
Lo señalamos en esta misma columna hace algunas semanas. Si un alcalde elegido en 2022 gana como primer regidor, no puede recibir la credencial de alcalde por esa vía. La sucesión no puede convertirse en un mecanismo para eludir una prohibición constitucional.
El problema político es consecuencia de la inacción del JNE. Quienes hayan hecho campaña como si fueran candidatos a alcalde, como López Aliaga, podrán sostener que el voto popular los ungió y presionar para que se desconozca la prohibición, como ya se viene mostrando. La otra salida sería entregarles la credencial, violando la Constitución y abriendo una puerta para que alcaldes y gobernadores, incluso presidentes, busquen repetir la fórmula en futuras elecciones.
Pero, conociendo todo esto, ¿por qué hay electores que votan por estos candidatos? En el caso de Lima, el líder de Renovación Popular tiene desde hace un lustro un núcleo de votantes que lo considera un empresario exitoso, que lo libra de ser una autoridad corrupta.
Ofrece obras fastuosas -casi imposible de realizar- e ingresos para la ciudad, aunque para conseguirlo rompa reglas, contratos, normas o acuerdos. En un país informal, la prepotencia como arma, el hartazgo frente a la inoperancia del Estado y la promesa de eficiencia hacen de López Aliaga, como de otros líderes de la región, una salida para sus electores.
El respeto de las reglas, del adversario y de las autoridades queda relegado bajo una idea simple: el fin justifica los medios. Todo esto es posible gracias a un gobierno que lo necesita, entrevistadores y medios condescendientes, un candidato con una campaña millonaria, un JNE temeroso y una franja del electorado que lo apoya y le cree. El pragmatismo a lo alto, como la frase del dictador Manuel Odría: la democracia no se come».
Escribe: Fernando Tuesta Soldevilla – Analista electoral