Que una de las primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori sea perdonar multas a miles de transportistas o que hasta ahora no pueda cambiar al director general de la PNP, no se condicen con una presidenta que ofreció el orden como primera prioridad.
Que anuncie hasta en cinco oportunidades que el Consejo de ministros se pondrá de acuerdo en el contenido de facultades legislativas a solicitar al Parlamento, sin acuerdo alguno hasta hoy, tampoco. Y menos, cuando hay diversas contradicciones entre los ministros.
¿Qué hubiese pasado si la presidenta le pedía públicamente o en reserva la renuncia al general Arriola y anunciado una reforma policial? No cabe duda que esa acción habría sido muy popular y, de hecho, el general ya estaría fuera. Pero, no lo hace por preservar alianzas nada santas con sectores de la policía que han fracasado en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Ese comportamiento se explica porque para una lideresa como Keiko Fujimori, acostumbrada a destruir instituciones, conspirar para vacar presidentes y estropear leyes, es muy complicado producir una metamorfosis ya en el poder presidencial, cuyo ejercicio demanda capacidad para ejecutar políticas públicas, articular, formar equipos, enfrentar el escrutinio diariamente y ser transparente ante la opinión pública.
Esas habilidades blandas no las tiene, más aún, si desde su adolescencia estuvo en el entorno del poder de su padre, con los estilos y forma de gobierno que conocemos.
Si se trata de definir el perfil, el estilo de gobierno y las primeras acciones de KF, se podría decir que con ella opera un pseudo bonapartismo, esa forma de gobernar que aparenta buenas maneras, finge ponerse por encimas de los problemas esenciales cuando en realidad tolera la maduración de los factores de una crisis. Es un estilo de gobierno que se acota por frivolidad y tiende a reposar en sectores faranduleros y la prensa amarilla, intentando descalificar las voces críticas, como ocurrió en el gobierno de su padre.
El problema es que al costado o debajo de la presidenta hay desorden, contradicciones y un rumbo errático, a tal punto que el ministro de Justicia, con el apoyo de un grupo de personajes ligados a la ultraderecha, presiona por fuera, hasta ahora sin éxito, por poner en la agenda del gobierno la salida del Perú de la CIDH y la disolución del LUM. El caso más patético es el del ministro de Economía, Elmer Cuba, varias veces desmentido por otros ministros y en una creciente soledad.
Por ahora, este estilo de gobierno ha capeado el temporal frente a la protesta de los transportistas que anunciaban un paro frente a la inacción gubernamental, ante el avance de una nueva ola de extorsión y muerte. Pero, el gobierno se equivoca si cree que con perdonarle las multas esa protesta va a terminar.
Tarde o temprano se presentará un momento en que la crisis que obligue a KF a recomponer el gabinete, salvo que opte por prolongar este rumbo errático por largo tiempo. Es en ese momento se esclarecerá el carácter real del actual gobierno. De hecho, ya existen dos tendencias: la primera de ellas proviene de la oposición, poniéndole la puntería a tres ministros a través de interpelaciones. La segunda, proviene de los sectores más extremos de la derecha, quienes proponen la salida del ministro de Cultura, de Defensa y de funcionarios que llaman “caviares”. Curiosamente y, por razones diferentes, en el caso del ministro, Rafael Belaunde, hay una coincidencia entre un sector de la izquierda y la ultraderecha por la salida de este ministro.
El contenido del pedido de facultades legislativas que propondrá el gobierno puede permitir que retome la iniciativa y perfile mejor el carácter que tendrá hacia adelante. Allí puede plantear una agenda reformista, pero para ello requiere la cohesión del gabinete, que por ahora no lo tiene. Puede ser también un pedido muy acotado, sin cambios de calibre, para evitar un revés en la Cámara de Diputados. Y parece que el gran derrotado en este tema será el ministro de Economía, en gran parte con razón, por haber filtrado, antes de la instalación del gobierno, una propuesta de delegación de facultades legislativas que, en realidad, constituían una ley ómnibus de contenido claramente neoliberal.
Mientras tanto, Keiko Fujimori se olvidó de la reconciliación nacional, quedando en evidencia que esa promesa solo fue para ganar votos.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – Periodista y Abogado