El hallazgo sin vida de José Miguel Castro en su domicilio de Miraflores no solo enluta un caso emblemático de #corrupción en el país, sino que levanta una sombra inquietante sobre la integridad del proceso judicial que está por comenzar. Castro no era un ciudadano cualquiera: fue gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, y su testimonio como #colaboradoreficaz es uno de los pilares del caso que involucra a empresas como #Odebrecht, #OAS y las concesionarias #RutasDeLima y #Lamsac.
El exfuncionario había confesado que ambas constructoras brasileñas financiaron, mediante pagos ilícitos, las campañas por la revocatoria y reelección de Villarán a cambio de beneficios contractuales millonarios. El juicio oral, que inicia en pocos días, apunta a determinar no solo la #responsabilidadpenal de Villarán y otros funcionarios, sino también la posible nulidad de los contratos de concesión que hoy sustentan el cobro de #peajes en Lima.
En ese contexto, la muerte de Castro no puede analizarse de manera aislada ni trivial. No se trata solo de un hecho trágico y repentino; es una pérdida procesal de gran magnitud. Su testimonio, aunque ya había sido documentado por el #MinisterioPúblico, pierde ahora la fuerza del contrainterrogatorio, de la ratificación pública y de la posibilidad de ampliar detalles cruciales en juicio.
Más aún, su muerte se produce en el momento más sensible: justo antes del inicio del juicio, cuando los ojos del país se volvían a posar sobre los nombres, las pruebas y los millones que se movieron en las sombras del #poderpolítico municipal.
La #Fiscalía, si pretende preservar la legitimidad del caso, debe actuar con celeridad y transparencia. No se trata de insinuar culpables sin pruebas, pero sí de rechazar el silencio cómodo. Porque si se confirma que hubo mano criminal en la muerte de Castro, no solo estaríamos frente a un homicidio, sino ante una posible #obstrucciónalajusticia con consecuencias institucionales gravísimas.
Este caso no es solo sobre una exalcaldesa o dos empresas corruptas. Es sobre el derecho de los ciudadanos a no ser extorsionados por #contratoscorruptos. Es sobre la verdad, y sobre si el Perú tiene o no la capacidad de enfrentar las #redesdeimpunidad que aún protegen a los que mandan más que la ley.
La oportunidad de limpiar el sistema existe. Pero con cada testigo que cae, también cae un poco la fe pública.
Escribe: PDR