Desde el Ejecutivo respetamos la independencia de poderes y la libertad de prensa, pero lamentablemente ya no sorprende que el Ministerio Público cometa excesos contra la presidenta de la República o miembros del Gabinete Ministerial, y que domingo a domingo un sector de la prensa arremeta también contra la jefa del Estado o algún ministro.
Constitucionalmente, la presidenta Dina Boluarte personifica a la Nación. Sin embargo, algunos no quieren darse cuenta de ello y la vapulean, incluso en su condición de mujer, tanto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha expresado su protesta ante la falta de respeto mediante un comunicado.
Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta. Buscan hilar una vacancia.
Son excesos de la fiscalía y un mal uso de la libertad de expresión e información, a la cual, reitero, el Gobierno guarda un respeto irrestricto. Rechazo estas acciones políticas desestabilizadoras que reafirman una persecución judicial que merece un freno. Este acoso fiscal sistemático a la Mandataria es inconstitucional e ilegal.
Cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y a otros miembros del Ejecutivo. ¿Acaso el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones?
Este atropello a la presidenta data de hace casi un año, cuando se allanó cinematográficamente su casa, lo que afectó la dignidad de la Presidencia de la República y de la persona que, insisto, representa a todos los peruanos.
Al resolver la demanda competencial presentada por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional definirá cuáles son las únicas causales para investigar a la presidenta.
El Ministerio Público debería tener precaución cuando formula denuncias contra la Jefa del Estado porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los 4 delitos por los que puede ser acusada: traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad.
Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico. Pese a todo, hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos. El Perú no merece que estos sean marionetas de intereses oscuros.
Fuente – Diario El Peruano – Gustavo Adrianzén – presidente del Consejo de ministros.