Acuerdos se consiguieron tras una nueva sesión del Consejo de Estado.
En el marco de la lucha contra la delincuencia común y la criminalidad organizada, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró en la víspera una sesión del Consejo de Estado, que permitió la formulación de importantes acuerdos para reforzar el trabajo emprendido desde el sector Interior.
Así, al finalizar la reunión, se acordó formular un marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) hacer uso de la fuerza en cumplimiento de sus funciones.
Al respecto, se mencionó que es el Fuero Militar Policial el único ente donde los miembros de las fuerzas del orden podrían ser juzgados, en caso de que hayan utilizado sus armas de reglamento, previo informe de procedibilidad emitido por inspectoría, como requisito indispensable.
El Consejo de Estado también acordó autorizar al Ministerio del Interior (Mininter) la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales cuyos distritos estén declarados en estado de emergencia por seguridad ciudadana. Ello con el objetivo de adquirir, de manera inmediata, la logística necesaria para que puedan apoyar a la PNP en las labores contra la delincuencia.
Entre otros acuerdos, se fortalecerá también la articulación de todas las entidades en la formulación, estudio y aprobación de leyes referidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado; así como establecer un marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales con el mismo fin.
Asimismo, se estableció formular leyes que permitan fortalecer a la Policía Nacional, a través de la compra voluntaria de los servicios del personal de franco y vacaciones, y también se legislará respecto al pase a situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario, a fin de mejorar la capacidad operativa de la institución.
Además, se acordó realizar acciones conjuntas enfocadas en la prevención del delito, en el marco de la protección de los niños y adolescentes, con el fin de establecer un régimen excepcional para el caso de los menores que incurran en hechos criminales.
Respecto a la lucha contra el crimen organizado, las autoridades acordaron elevar las penas para quienes corrompan a servidores públicos, así como a agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Reforzar control migratorio
Sobre la situación migratoria, se acordó incrementar las penas para aquellos ciudadanos extranjeros que, habiendo sido expulsados del país, ingresen nuevamente de manera irregular al territorio nacional.
Y se ampliarán y fiscalizarán los requisitos formales para el ingreso y permanencia de estas personas en el país.
Otra iniciativa será regular la prestación del servicio de transporte que realizan ciudadanos extranjeros, estableciendo requisitos y sanciones. Finalmente, se reforzará el control migratorio en las zonas de frontera, se revisará la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.
Fuente: Andina