Afirma Vigilancia Ciudadana
La directora de Proyectos Electorales de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz Picasso, manifestó que la mayoría de partidos políticos que reciben el financiamiento público directo no cuentan con sistemas de control interno.
Como se sabe, son 10 agrupaciones políticas con representación en el Congreso de la República, que reciben financiamiento público directo con la finalidad de usarlo para capacitación, formación política, entre otros.
«Encontramos que los partidos políticos no cuentan con sistemas de control interno, algo que es una exigencia de la norma (de financiamiento público directo), por ello, es importante también un acompañamiento más cercano para garantizar que todos puedan tener un sistema habilitado que les permita un adecuado uso de los recursos», dijo a nuestra fuente.
En tal sentido, consideró que se pudo constatar que este sistema de control en las agrupaciones políticas «es inadecuado, deficiente, o en todo, no existe».
«Estamos hablando en la mayoría de los partidos políticos que recibieron el financiamiento público directo, tal como aparece en los informes técnicos de verificación y control», aseguró.
Por esta razón, la especialista aseguró que por esta razón se debe fortalecer la supervisión de las agrupaciones políticas en lo referente a este financiamiento.
Responsabilidad
En otro momento, refirió que existe una responsabilidad en el uso de los recursos otorgados por el financiamiento público directo, tanto de los partidos como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
«La ONPE, como organismo supervisor tiene la obligación de brindar asistencia técnica y acompañamiento, entonces esta es una obligación de doble entrada, por un lado los partidos políticos en ser estrictos en el uso de este recurso, por otro lado la ONPE de acompañarlos para un buen uso y supervisar y sancionar cuando vean que efectivamente no hubo un uso adecuado», agregó.
Dijo que el segundo informe dado a conocer por Vigilancia Ciudadana detectó que no se pudo constatar el correcto uso de los fondos en lo referente a las capacitaciones y formación política, por parte de los partidos. Asimismo, se identificó que en un caso se alquiló un local partidario, pero no se consignó el contrato del mismo.
Fuente: Andina