Nuestra carta fundamental consagra el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Se trata, en realidad, de un paquete de derechos que han ido cobrando especial relevancia dentro de la doctrina constitucional, tomando en cuenta que estos derechos permiten el desarrollo de una vida libre, digna y tranquila; asimismo, guardan estrecha relación con la dignidad humana que necesariamente conduce a la paz individual, necesaria para vivir adecuadamente.
La paz, en sentido amplio, implica el respeto mutuo de verdadera tolerancia y el amor al prójimo; constituye una suerte de acuerdo entre los seres humanos, independientemente del idioma o la raza, las fronteras o los gobiernos; la paz es el medio para conseguir el bienestar común, destierra la idea del ser humano como lobo de otro ser humano, en vez de ello impone el sentido de hermandad. Independientemente de la religión que profesemos, es natural que todos deseemos la paz, rogando por ella y predicándola; pero ello no significa el deber cumplido; no basta con deseos, prédicas o ruegos, debemos luchar por ella -de ser necesario- y dedicarle el máximo de nuestros esfuerzos, procurando la unanimidad moral entre personas de diferentes convicciones políticas y religiosas que creemos en la dignidad humana y veneramos la santidad de la paz.
El derecho a la paz y a la tranquilidad significa el derecho humano a desarrollarse en un ambiente sano, digno y tranquilo, donde la persona humana tenga permitido realizar libremente todas sus actividades sin tener ningún tipo de molestia, en su persona ni en su entorno. En el mundo actual, son innumerables los obstáculos para llevar una vida tranquila y en paz; los factores pueden ser diversos: económicos, políticos, culturales; estos hacen que a diario nos preguntemos por lo que podría pasar al día siguiente, calando la sensación de un futuro incierto y alterando nuestra existencia tranquila. Como humanidad, estamos obligados a fomentar la paz y la tranquilidad, así como la justicia para evitar cualquier tipo de conflicto en nuestra sociedad; la falta de respeto a los derechos y principios fundamentales afecta al derecho a la tranquilidad, el mismo que permite vivir, disfrutar el tiempo libre, descansar y tener un ambiente equilibrado y adecuado para el mejor desarrollo de nuestra vida; la tranquilidad, la calma, la quietud y el reposo sólo pueden lograrse cuando exista un ambiente de paz.
El ocio, constituido por el tiempo libre y el descanso, es un derecho fundamental imprescindible para la mejoría de la calidad de vida de los individuos en los más variados aspectos, es indiscutible su importancia en la vida de la persona humana, en los aspectos: físico, mental y psíquico; toda persona, más aún si trabaja, requiere tener momentos de descanso, este tiempo lo ayuda a tener una mayor convivencia social y familiar, además de ayudarlo a recuperarse físicamente para la próxima jornada. El ocio puede entenderse como la satisfacción de alguna necesidad humana como la diversión, la recreación, la relajación, la distracción, el desarrollo intelectual, pero, sobre todo, es una actividad o inactividad voluntaria, en la que el individuo tiene su libertad y autonomía de voluntad respetadas.
El derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida implica la facultad que tienen las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollen e interrelacionen de modo natural y armónico; y en caso de que el hombre intervenga, tal intervención no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Este derecho entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute; esta obligación alcanza también a los particulares. El Estado está obligado a asegurar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de los individuos, así como a respetarlas y asegurar que se respeten, determinando una serie de actividades reguladoras e imponiendo estándares mínimos y comprometiéndose a desplegar una serie de actos tendentes a asegurar esos estándares y a no vulnerar los mismos ni permitir su vulneración como resultado de la actividad de terceros.
Escribe: Willy Ramírez Chávarry – periodista