Más temprano que tarde, el electo alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, se verá obligado a cambiar el chip de la confrontación por el de la concertación.
En un sistema político donde históricamente el gobierno local de Lima siempre fue débil frente al Poder Ejecutivo y, donde existe la tradición que la autoridad metropolitana dialogue con el presidente de la República y sus ministros, es iluso que el nuevo alcalde crea que la capital peruana se puede dirigir como si fuera una ciudad-estado, cual régimen federal. Salvo que se arriesgue a un rápido desgaste, frente a una ciudadanía que pronto, no solo demandara resultados concretos de gestión, sino que el alcalde ponga por delante los intereses de la ciudad y no sus propios planes políticos personales.
El líder de Renovación Popular debería tener una lectura acertada de aquello que le acaba de pasar a Perú Libre y Fuerza Popular, dos de las opciones políticas que han capitalizado negativamente el desgaste de una polarización entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, sin obtener casi ninguna alcaldía o gobernador regional en el reciente proceso electoral.
Esa necesidad de concertar y buscar acuerdos surge del propio resultado electoral. De los 42 alcaldes distritales, Renovación Popular solo obtuvo el liderazgo de 12 municipalidades. López Aliaga representa no a una mayoría, sino la primera de varías minorías, ahí donde obtuvo el 23.56 % de los votos netamente emitidos, el más bajo de todas las elecciones municipales en Lima en la historia del Perú, con un total de 1’372,419 votos, de un total de 7’593.103 electores.
El nuevo burgomaestre puede tener una mayoría de regidores (21) en el Concejo Metropolitano, pero si quiere hilvanar estrategias de gestión transversal en toda la ciudad, tendrá que llegar a acuerdos vinculantes en la Asamblea Metropolitana de alcaldes, donde no solo hay 30 alcaldes que no son de Renovación Popular, sino que, en esa instancia, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, hay una representación de la sociedad civil. Por ejemplo, si la nueva gestión quisiera crear un serenazgo metropolitano o un sistema de comunicación único y homologado, tendría no solo que acudir a esa instancia de concertación, sino también conversar con el Ministerio del Interior.
De las 10 principales y emblemáticas propuestas del nuevo alcalde electo, planteadas como oferta de gobierno, todas ellas requieren de acuerdos y tratativas con el Poder Ejecutivo o generación de consensos con los 42 alcaldes distritales.
Veamos: Si se propone comprar 10,000 motocicletas equipadas para realizar patrullaje, requerirá de un proyecto de inversión de 75 millones de soles aproximadamente y del reclutamiento de 20,000 efectivos, como mínimo, para conducir ese servicio en dos turnos cuando menos. Es un proyecto que inevitablemente tendrá que ser autorizado por el MEF, cuyo proceso tardará por lo menos un año para implementarse. Supondrá de la necesaria coordinación con los alcaldes distritales, para que aquel servicio tenga capacidad operativa interdistrital y con la Policía Nacional, sobre todo si quiere tenerse una efectiva capacidad coercitiva efectiva frente a la delincuencia. Si apuesta a instalar “Comisarias Mayores” en cada distrito con módulos del Poder Judicial y la Fiscalía, esa es una competencia del Ministerio del Interior. Si la comuna metropolitana pretende coadyuvar a ese objetivo requiere una coordinación inter institucional, con los tres niveles de gobierno y con la propia sociedad civil.
Si busca eliminar los peajes, ya no lo puede hacer porque esa es una competencia de la ATU que ha sido transferida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), salvo que demande que esas competencias le sean devueltas a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo cual requiere de una ley del Congreso. Con el agravante que cualquier acción unilateral de eliminarlos termine en el CIADI, como una controversia internacional, donde ya la MML ha perdido una millonada soles.
Si la futura gestión metropolitana de López Aliaga pretende declarar el “Operativo de Hambre Cero para combatir la anemia”, tampoco lo puede realizar de manera unilateral porque las políticas sociales son de gestión compartida y tienen la particularidad que todos los programas sociales se sustentan con recursos que provienen del tesoro público, tal como ocurre con el Programa del Vaso de Leche, Los Comedores Populares, las Ollitas, entre otros. El combate a la anemia se rige por el rol rector y normativo que desarrolla el MINDES, donde las municipalidades cumplen esencialmente labores ejecutivas y distribución. Si procura instalar 30 reservorios para asentamientos humanos en los cerros se tendrá que realizar inevitables acciones de coordinación con SEDAPAL, entidad que depende del Poder Ejecutivo. Si la promesa es instalar un sistema de teleféricos y de conexión subterránea, tendrá que hacerlo de manera compartida con las municipalidades distritales y, el proyecto de inversión tendrá que ser aprobado por el MEF en base al sistema Invierte.pe que rige para los tres niveles de gobierno.
Si pretende conseguir un préstamo de entidades internacionales de mil millones de dólares, esa operación financiera solo será posible realizarla con luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con el Sistema Nacional de Endeudamiento Público aprobado por la Ley Nº 285631. Igualmente, si busca crear un sistema de tranvías para conectar a los distritos de Carabayllo con San Martin de Porres, tendrá que solicitar que las competencias de la ATU regresen a la MML, porque esa competencia está en manos del Poder Ejecutivo.
Finalmente, el slogan de “Convertir a Lima en una Potencia Mundial” solo será posible con el esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno Metropolitano. Ninguna ciudad global en el mundo, con alta jerarquía internacionalizada, ha podido alcanzar ese estándar sin la colaboración de ambos poderes: Gobierno Nacional y Gobierno Metropolitano. Por ejemplo, es cierto que una estrategia ambiciosa de fomento del turismo, implica que el gobierno nacional termine por transferir diversas funciones de esa competencia al gobierno de la ciudad. Eso implica coordinación bipartita con el Gobierno Nacional: El éxito de la Marca Lima no puede estar desligada de la Marca Perú.
Ahora bien, si el propósito de exigir la transferencia de diversas competencias y funciones que por ley deben ser transferidas a la comuna capitalina, como es el caso de la salud, educación, turismo, desarrollo económico, ordenamiento territorial, entre otras, ninguna de ellas pueden hacerse sin un proceso conjunto que siempre requiere la creación de comisiones bipartitas de transferencia y procesos de transición que implican acciones conjuntas, reservando el rol rector y normativo al Poder Ejecutivo. En eso, la MML tendría que aprender del proceso voluntarista desarrollado en años anteriores, en los gobiernos regionales, sin que éstos hayan desarrollados procesos serios de acreditación y desarrollo de capacidades. La transferencia de funciones de 185 funciones al gobierno capitalino debe hacerse, sin prisa y sin pausa.
Nos encontramos entonces en una situación muy paradójica o contradictoria. Lima ha elegido a un alcalde altamente conservador, el que, a diferencia de sus antecesores, tiene una agenda superlativamente ambiciosa, por no decir demagógica y que requerirá de mayor apoyo del Gobierno Nacional, por los altos costos de la oferta. Sin embargo, el discurso y el plan político del líder de Renovación Popular es de abierto choque con el Poder Ejecutivo, con un manifiesto pregón desestabilizador. Si el nuevo alcalde electo de Lima persiste en ese trance extremadamente confrontacional, puede terminar por construir su propia trampa. Es decir, bloqueará toda posibilidad del financiamiento y apoyo del tesoro público, con la consiguiente construcción de un escenario, donde con el pasar del tiempo sus logros sean tan magros que pronto asomará en un fuerte desgaste.
Pero, si Rafael López Aliaga y su equipo de gestión, pronto se percata que por ese camino no tiene futuro para ser un buen alcalde de Lima, estará obligado a modificar su discurso y gran parte de su estrategia política. Llegará entonces el día en que tenga que verse las caras con Pedro Castillo y sus ministros en Palacio de Gobierno o en su propio terruño.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – Pata Amarilla portal de Asuntos Públicos