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SJL: Municipio deslinda responsabilidad sobre problemática de parque 14 A ubicado en Cantogrande

Mediante un comunicado difundido por las redes sociales, la gestión municipal deslindó y precisó detalles sobre la problemática del parque 14 A de Cantogrande.

Precisa el comunicado que, al asumir la actual gestión en enero del 2015, un grupo de vecinos se acercó a la municipalidad para expresar su preocupación respecto al terreno del referido parque. De los documentos oficiales se estableció que la propiedad de los lotes 1-F y 1-D-a fundo Pampas de Canto Grande, son de la empresa inversiones Bairiki SAC., la misma que adquirió el predio en el año 2010, conforme aparece en las partidas No 43202936 y 43202952 de registros públicos, respectivamente.

Agrega el comunicado que, siendo propiedad privada, el terreno cuenta con zonificación ZRP (zona de recreación pública) conforme al Decreto Supremo No 033-77 del 25 de setiembre de 1977, por lo que, no procede otorgar ninguna licencia de construcción, diferente a la zonificación establecida. Además, a la fecha la municipalidad no ha emitido opinión alguna sobre el cambio de zonificación o de declaratoria de interés local, pues corresponde este pronunciamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Como antecedente refiere el comunicado, que los predios han sido propiedad de las empresas Canto Grande S.R. Ltda. e inversiones el Portal SAC, solo que no se utilizaron dichos predios para compensar áreas para parques en las habilitaciones urbanas correspondientes.

Los propietarios iniciaron conversaciones con la gestión municipal a fin ejercer sus derechos; además de manifestar su preocupación respecto a la ocupación de áreas de terreno por la Compañía de Bomberos, el Ministerio de Salud, la Iglesia Católica, la Liga Distrital de Fútbol y la propia municipalidad.

En este marco, los propietarios iniciaron las negociaciones correspondientes con los ocupantes de dichos predios hasta el pasado martes 22 de mayo del presente año, cuando interviene la policía para desalojar a los conductores de espacios deportivos, señalando que existe una orden judicial, en la que el municipio no es parte, por ser un proceso entre particulares.

La única intervención de la municipalidad obedece a que durante el desalojo policial procedieron a cercar los predios, sin contar con la autorización municipal, ya que la propietaria tiene un permiso caducado otorgado por la anterior gestión municipal de Carlos Burgos en el año 2014. sin embargo, la propietaria solicitó el mismo día de la intervención se revalide dicha autorización, habiéndosele denegado en la misma fecha, precisa el comunicado.

Al no contar con la autorización municipal, para construir el cerco perimétrico, se procedió a notificar la infracción, además de imponerle una multa y ordenar la paralización de la construcción del cerco perimétrico. Concluye el comunicado que la gestión municipal está a la espera que los propietarios o representantes legales, efectúen su descargo correspondiente conforme a ley dentro del procedimiento sancionador en trámite.

Fuente: SJL Digital

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