Procurador General del Estado señala que hay 15 casos detectados en nuevas gestiones.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, señaló que 15 autoridades regionales y municipales han retirado a los procuradores que trabajaban en sus respectivas dependencias, pese a que hay una ley que dispone lo contrario.
Indicó que esto contradice lo establecido en la Ley 31433, vigente desde marzo del 2022. En ella se indica que es la Procuraduría General de la República la encargada de designar a los procuradores, recalcó Soria, en entrevista con RPP.
En Gobiernos Regionales y municipalidades
Señaló que cinco de los casos de retiro indebido de los procuradores corresponden a los gobiernos regionales de Ica, Junín, Cusco, Tacna y Huánuco; mientras que otros diez se han detectado en alcaldías de Huánuco, Cajamarca, Cusco y otras jurisdicciones.
No pueden destituir procuradores
Soria consideró necesario “que las nuevas autoridades tengan claro que no pueden ejercer esa facultad” de destituir a los procuradores, al haber quedado derogada en la Ley 31433.
“Están usurpando funciones”, añadió, señalando que la denuncia que se les hará a estas autoridades se sustentará en dicho ilícito penal, al igual que aquellas denuncias que por similares causales se interpusieron el año pasado contra trece gobernadores y alcaldes.
Estas correspondieron a los gobiernos regionales de Puno y San Martín, y a once municipios, entre ellos las comunas provinciales de Jaén, Tacna y Chanchamayo, y los distritos capitalinos de Lince y Punta Negra.
“Presentamos denuncias penales por ejercer funciones indebidas y pedimos al Poder Judicial la nulidad de esas resoluciones” de destitución, apuntó Soria.
Cuestiona dictamen
Por otro lado, cuestionó el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso en el que se plantea que los procuradores sean designados por las mismas entidades en las que laborarán. Indicó que la iniciativa dispone también que los concursos de nombramiento de dichos defensores legales que están en marcha sean anulados y los resultados de los ya efectuados sean revisados.
A su juicio, el aprobar esto en el pleno del Poder Legislativo “constituiría un retroceso significativo en el proceso de tener procuradores autónomos” designados de acuerdo a criterios técnicos.
Fuente: Andina