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Preocupante denuncia de Fiscales de Lavado de Activos

La prensa ha informado que más de 55 fiscales del subsistema especializado en el delito de lavado de activos, entre los que están los fiscales que investigan a Toledo, Humala, Orellana, Sánchez Paredes, “Peter Ferrari”, Joaquín Ramírez, entre otros, han manifestado su preocupación contra la Casación 97-2017, emitida en agosto por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el sentido que exigiría que paralelamente con el inicio de la investigación por lavado se acredite el delito fuente, violando la ley y acuerdos internacionales, como por ej., la convención de la ONU y las recomendaciones de la OCDE, que defiende la autonomía del lavado.

Los magistrados de la referida Sala han contestado diciendo que solo han dispuesto como doctrina jurisprudencial vinculante los fundamentos 17, 52 y 56 “por lo que las voces alarmistas sobre una presunta ‘impunidad’ del lavado de activos no tienen sustento alguno”.

La Constitución (art. 139.5) establece que los jueces deben fundamentar sus decisiones en los hechos probados y la ley. Sin embargo, esta norma, en casos en los que están implicados algún tipo de poder, especialmente económico o político es transgredida con frecuencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todos conocemos de la existencia de jueces probos y honestos, pero también están los otros, por ej., los que dejan en libertad a organizaciones criminales, a autores de delitos muy graves (asesinato, violación, robro agravado, tráfico de drogas, lavado de activos, etc.), o primero los dejan fugar al extranjero, para luego engañar a la población aparentando accionar para extraditarlos.

La autonomía del delito de lavado de activos está consagrada en el art. 10 del D. Leg. N° 1249, que prescribe: “Art. 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso”.

Una de la funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es aplicar, previa investigación, respetando el debido proceso, la sanción de destitución a los jueces y fiscales supremos, sin que nadie lo solicite (art. 154.3 de la Constitución).

Frente a la denuncia de los fiscales de lavado de activos, delito en el que está de por medio muchísimo dinero, el CNM ya ha debido iniciar una investigación preliminar. Esta institución debe justificar su existencia.

Por disposición del art. 99 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso de la República también tiene facultades para investigar a los magistrados supremos del Poder Judicial y Ministerio Público. No puede permanecer impasible frente a tamaña denuncia de los fiscales de lavado de activos.

Cada Colegio de Abogado debe nombrar una comisión integrada por abogados de la especialidad en Derecho Penal, con excepción de los que opinaron criticando la decisión del Juez Concepción Carhuancho en el caso Humala, pues dieron la impresión que ni siquiera saben leer la norma del art. 269 del CPP, que para dictar la medida de prisión preventiva, dispone: “Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: (…) 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal”. Algunos de esos abogados fungen de docentes universitarios en materia penal; ¿así está la universidad peruana? Señores decanos, todos los abogados, independientemente de la actividad jurídica que desarrollen, están sometidos al Código de Ética Profesional.

No es nada satisfactorio que nuestro país sea considerado por el Departamento de Estado de EE.UU. como el país en el que más se blanquea dinero, casi tres mil millones de dólares en los últimos diez años.

Toda la sociedad, como titular del poder político, debe actuar, debido a que el poder político no lo hace, para que la administración de justicia se realice con sujeción a la Constitución y a la Ley, y que los jueces que con sus decisiones alientan el crimen sean procesados y enviados al lugar que la ley señala. Ciudadano, no puedes esperar ser víctima de la delincuencia para recién reaccionar pidiendo justicia, que nadie te va a reconocer, por el contrario, al recurrir a los tribunales sufrirás doble injusticia, porque es probable que no te den la razón, sino la den a tu victimario.

Escribe: Aníbal Torres Vásquez – Abogado y Catedrático Universitario

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