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Poder Judicial: alcalde de Los Olivos, exregidores y exfuncionarios en su hora más difícil

Piden 7 años de prisión y una reparación civil de 30 millones de soles para alcalde Felipe Castillo Alfaro, exregidores y exfuncionarios. A los involucrados se les acusa por malversación de fondos por la construcción de una universidad privada con recursos municipales y que en su oportunidad fuera declarada improcedente por el CONAFU de ese entonces.

Un largo proceso judicial, iniciado hace 9 años por una denuncia presentada por el Frente anticorrupción de Los Olivos presidido por el abogado Atilio Torres, entró a su recta final y el proceso que ventila los cargos de malversación de fondos, colusión y omisión de funciones, se encuentra en la etapa de informe de clausura, instancia procesal previa antes de la lectura de sentencia de la jueza que ventila el caso.

Las penas y reparación civil duras e irreversibles

El Ministerio Público, ha solicitado por el extremo de la malversación de fondos, pena privativa de libertad de 7 años y 10 años de inhabilitación para ejercer función pública al actual alcalde de Los Olivos Felipe Castillo Alfaro. Para el exgerente municipal Juan Gamarra Tong ha solicitado 10 años de pena privativa de libertad y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de función pública.

Para quienes entonces fueron regidores ha solicitado 5 años de pena privativa de libertad y 3 años de inhabilitación para ejercer función pública.

Por su lado el Procurador Público del Estado, ha solicitado el pago solidario de una reparación civil de 30 millones de soles.

Desviación de recursos públicos para construir una universidad privada con fondos municipales

La causal del proceso que se ventila en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte es la desviación de 14 millones de soles del presupuesto municipal para la construcción de una Universidad privada con recursos del estado. Para lograr este objetivo aprobaron un acuerdo de concejo por el cual nombraron rector de la Universidad al alcalde Felipe Castillo Alfaro, lo cual no está permitido por la ley de municipalidades y por el CONAFU de ese entonces.

La defensa legal no convenció

La defensa legal de los procesados, en su exposición para desnaturalizar los pedidos del Ministerio Público y del Procurador Público, al parecer no convencieron a quien tiene que administrar justicia a nombre del estado en este largo proceso judicial. Argumentos repetitivos como el financiamiento de los presupuestos participativos, su estructura y aplicación lejos de ayudar a los procesados, que buscan desesperadamente demostrar que jamás desviaron fondos públicos (dejaron de ejecutar obras públicas) para construir la sede de la que sería la futura universidad municipal privada, no fueron suficientes.

La fecha final

Concluida la intervención de los abogados defensores, la jueza del proceso procedió a citar a las partes para el próximo viernes 22 de febrero a horas 9.30 de la mañana, para finalizar el informe de clausura con los cargos pendientes de colusión y omisión de funciones contra los procesados.

Concluida esta etapa, la jueza del proceso fijará fecha de sentencia en el plazo de 8 días siguientes como lo establece el código de procedimientos penales.     

Fuera de juego

Durante su exposición de la representante del Ministerio Público, mostró con publicaciones y fotografías que el procesado Felipe Castillo Alfaro, alcalde de Los Olivos inauguró la sede universitaria privada construida con recursos públicos teniendo como padrinos al expresidente Alan García Pérez y a la alcaldesa de Lima Susana Villarán en la presidencia del Congreso de la República, estaba don César Zumaeta quien promovió e hizo aprobar una ley para la creación de la Universidad del alcalde Felipe Castillo, en los últimos días del periodo de gobierno del presidente García Pérez, Ley que en el siguiente gobierno fue derogada. Al parecer esto probaría el tinte político con lo que se condujo su inauguración de la sede universitaria a pesar de que instituciones rectoras de la organización y funcionamiento de las Universidades en el país, el CONAFU lo prohibía.

El excongresista Renán Espinoza Rosales presidente de la comisión de educación del Congreso de la República, advirtió en ese entonces que la universidad era híbrida y una estafa para los jóvenes quienes pretendieran estudiar en ella. (información consignada en una publicación de la revista Contacto).

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