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Perú busca impulsar los seguros contra desastres naturales

¿Quién paga las pérdidas económicas de los desastres naturales? En Perú, solo 3 de cada 100 viviendas están aseguradas ante estos siniestros. Los seguros pueden evitar catástrofes financieras y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios anuncia que promoverá el aseguramiento de infraestructura pública.

Durante el Fenómeno El Niño Costero colapsaron 65,950 casas y se destruyeron 4,029 kilómetros de carreteras, 493 puentes, 456 instituciones educativas y 64 establecimientos de salud, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También se calcula que se perdieron más de 51,851 hectáreas de cultivos y 112,768 resultaron afectadas.

Los daños físicos generados por ese desastre natural ascienden a 9,200 millones de dólares, y de ese total, las empresas aseguradoras solo cubrirían el 7 % de las pérdidas, de acuerdo a los cálculos de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).  Ello debido a la “incipiente cultura de prevención” y también porque el Estado no tiene asegurada gran parte de su infraestructura.

En el Perú, 3 de cada 100 viviendas están aseguradas ante este tipo de siniestros, según Apeseg.  Esto significa que de 7.2 millones de inmuebles de familias y empresas existentes en el país, el 96.7% permanece desprotegido.

Facilitar la reconstrucción

Para el gerente de riesgos de Apeseg, Renato Bedoya, si la mayor parte de esta infraestructura dañada hubiera estado asegurada, todo sería más rápido a la hora de reconstruir y el Estado no debería asumir los gastos totales de este tipo de infortunios.

“Lo positivo de contar con un aseguramiento son la rapidez y la solvencia que tiene el sector para actuar ante ese tipo de coyunturas”, afirmó.

Apeseg calcula que el Estado podría pagar una prima de aproximadamente 200 millones de dólares para cubrir activos públicos por unos 30,000 millones de dólares. Los daños del último El Niño Costero equivaldrían a 46 años de esta prima anual.

El Perú tiene reservas y líneas de crédito que se activan en caso de un desastre natural, pero no son suficientes ante la magnitud de estos infortunios. Para Bedoya, una mayor participación de los seguros apunta a que el Gobierno no se endeude o saque de sus fondos para la reconstrucción, sino que el sector privado asuma esos costos.

Cambiar el chip

A pesar del terremoto de Pisco de 2007 y los constantes casos de desastres naturales, la adquisición de seguros en ese rubro no ha crecido significativamente.

Munich Re, la mayor compañía reaseguradora del mundo, alertó que durante el primer semestre de 2017, El Niño Costero en el Perú fue la catástrofe natural que generó la mayor cantidad de pérdidas y la que contaba con el menor porcentaje de infraestructura asegurada en el mundo.

Para el gerente de siniestros y riesgos patrimoniales de Rímac Seguros, Miguel Gutiérrez, la lección que debe dejar El Niño Costero es que se necesita “una política de gestión de activos” que implique la transferencia de riesgos hacia las compañías de seguros o a los mercados financieros.

“Hay que tener en cuenta que a nivel de infraestructura se asegura únicamente alrededor del 3%, cuando en los países desarrollados esta cifra supera el 30%”, advirtió.

Política de Estado

El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC), Edgar Quispe, adelantó que desde su sector se promoverá el aseguramiento de la infraestructura pública más importante en coordinación con los entes competentes.

Explicó que primero se debe hacer una evaluación. “Hay mucha infraestructura prioritaria que no cuenta con seguro y debería tenerlo. Este esfuerzo se realizará en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, así como con las carteras competentes, con el fin de proveer y desarrollar infraestructura pública”.

En noviembre, el Poder Ejecutivo publicó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales, lo que permitirá tener un inventario completo de activos públicos y evaluar su exposición al riesgo.

En opinión de Renato Bedoya, una vez obtenido el inventario completo se podrá evaluar la exposición de esos activos y gestionar eficientemente su riesgo; incluyendo la transferencia del riesgo al sector asegurador.

Con incentivos adecuados, el Gobierno puede avanzar hacia una política de aseguramiento de infraestructura pública, estructurando un programa de protección de activos, como colegios, carreteras, hospitales. Ello también propiciaría que desde el sector privado más ciudadanos optaran por adquirir más seguros con cobertura para desastres.

Micro seguro para pobres

Apeseg también planteó crear un micro seguro obligatorio para casos de desastres dirigido a la población de bajos recursos económicos.

Sería un seguro paramétrico masivo para gestionar los riesgos catastróficos utilizando una cobertura estándar. Así, las personas en mayor situación de vulnerabilidad tendrían una indemnización básica que les permitiría su rápida recuperación y no quedarían desamparadas a la espera de la ayuda del Estado.

Bedoya señaló que estas propuestas se discuten intensamente en la agenda internacional. En el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico (bloques de los que el Perú forma parte) existe el interés de que más países implementen estrategias de protección financiera ante desastres naturales.

Ello implica que los Estados ayuden a estructurar sistemas masivos de protección y que vayan más allá de restituir los bienes perdidos. La idea es tener sociedades más resilientes y no más “Niños desprotegidos”.

Fuente: Andina – Sonia Millones Alvarado

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