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Para que seamos escuchados, para defendernos en libertad…

La comunidad jurídica nacional e internacional coincide en señalar que la prisión preventiva es un recurso excepcional porque solo debieran estar privadas de su libertad aquellos que cumplen una condena.

Es claro que existe desconfianza entre la población sobre los peligros de fuga porque en nuestra historia política reciente vimos autoridades que prefirieron irse del país en lugar de afrontar la justicia, pero ese no es nuestro caso. Tanto Nadine como yo, respetamos desde el inicio todas las medidas que se nos fueron impuestas, incluso cuando ya no tuvimos impedimento de salida y viajamos, decidimos volver.

Soy de la opinión que en un estado de derecho, todos debiéramos enfrentar nuestros procesos en libertad, como ocurre hoy con Alan García, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y otros. Es cierto que hay personas detenidas por la investigación del caso Lava Jato, pero en todos esos casos existe probadamente una ruta del dinero, cuentas, offshore, propiedades, documentos y demás. Seguramente muchos de los que hoy están libres también deberán responder por eso; pero ese tampoco es nuestro caso. Somos investigados por un presunto aporte de campaña y NO por temas de corrupción. No me cansaré de decirlo, porque en un país donde la clase política pierde diariamente la confianza de su gente, nosotros hicimos una política diferente. Demostramos que sí era posible avanzar más rápido y más lejos, con honestidad.

En pocos días, Nadine y yo cumplimos 9 meses de prisión preventiva por un inventado peligro de fuga y en el marco de una investigación sobre un aporte que nunca existió. El padre y la madre de una misma familia separados de sus hijos por declaraciones de colaboradores eficaces que no han sido corroboradas y que, por el contrario, han sido tajantemente desmentidas.

Ahí está el Jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, Hilberto Silva diciendo en el marco de su delación premiada en Brasil que el “Programa OH” es el pago de 4 millones 800 mil reales (justamente, 3 millones USD) para un proyecto de la empresa sobre medios de comunicación, no Ollanta Humala, como intentó cuadrar Jorge Barata en su declaración. Ahí está Fernando Migliaccio, ex ejecutivo responsable de esta misma oficina, encargada de la entrega del dinero, diciendo en mayo del año 2017 que él no coordinó ningún pago como el que aquí se denunció contra nosotros. Una información que la mayoría de medios de comunicación calló.

Ahí está Valfredo de Assis Ribeiro, Jefe de OAS en el Perú, diciendo que no aportaron a la campaña del Nacionalismo, ni en el año 2006, ni el año 2011, como señaló el eterno aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía a cargo del caso, y que a estas alturas ya la propia Fiscalía debería denunciar por haberlos estafado con tantas declaraciones falsas. Más aún cuando es el Ministerio Público el garante, el filtro, de cada una de esas colaboraciones eficaces.

Hubiera sido interesante escuchar al Fiscal coordinador responsable de las investigaciones de Lavado de Activos, usar su vocería, no para intentar presionar al Tribunal Constitucional, sino para aclararle a la población y a los investigados, por ejemplo, si es cierto o falso que hay un aspirante a colaborador eficaz con dos códigos, para que pueda corroborarse a sí mismo; o si es cierto o falso que se intentó presionar al Fiscal a cargo de la investigación del caso La Centralita, para darle beneficios a este mismo colaborador.

En los últimos días hemos visto una campaña mediática feroz de representantes del Ministerio Público contra dos personas naturales ¿Es esa la conducta que ha expresado el Fiscal en algún otro caso, con otros investigados a su cargo? No, ni siquiera por la libertad, justa por cierto, de empresarios que por años fueron socios de Odebrecht en el Perú; ni siquiera por los viajes al exterior de dirigentes políticos que no tienen ninguna restricción pese a tener la misma imputación, con el agravante de haber sido funcionarios públicos. Existe entonces un doble estándar en la persecución del delito y en la aplicación de la justicia.

El argumento sobre un posible peligro de fuga; no tiene ninguna consistencia. Siempre hemos tenido una conducta procesal correcta, y la seguiremos manteniendo. Usaron cobardemente el viaje de mis hijas para encerrarnos y cuando ellas volvieron nadie se inmutó, ni corrigió el daño. Ya hemos visto cómo la venganza va escoltada de imputaciones, calumnias y desacreditación. La motivación política es que enfrentemos todo el proceso en detención; privados de nuestros derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la defensa en igualdad de condiciones y, por su supuesto, a la libertad.

El Tribunal Constitucional siempre será un termómetro de cómo está nuestra democracia y la independencia de los poderes del Estado. Espero que actúe, como siempre, con justicia y siendo garante de la constitución.

Escribe: Ollanta Humala Tasso – expresidente del Perú

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