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OSCE: Justicia ampara a proveedores cuestionados en la región Callao

La Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Sofía Prudencio, reafirmó que los proveedores del gobierno Regional del Callao, pese a estar sancionados administrativamente, siguen firmando contratos para realizar obras bajo el amparo del Poder Judicial.

Al Gobierno Regional del Callao entre los años 2008 y setiembre del 2018, se le adjudicaron 2 mil 261 millones de soles, explicó la titular del organismo supervisor, durante su participación en la sesión informativa de la Comisión Multipartidaria, que preside Percy Alcalá Mateo (FP), encargada de Investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción habidos en el gobierno regional del Callao.

De los proveedores del Gobierno Regional del Callao, hay 287 (entre personas naturales y personas jurídicas), que fueron sancionadas administrativamente o fueron objeto de inhabilitación. De estos, sólo dos fueron sancionados.

El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), no registra la ejecución física de las obras, con lo que se puede determinar el estado inconcluso o abandono de la ejecución contractual de dichas obras, informó la funcionaria invitada, quien absolvió por escrito las interrogantes que le fueran manifestadas por la comisión investigadora.

El legislador Alcalá Mateo interrogó sobre las concesiones del Puerto Internacional del Callao y sobre la necesidad de obligar a las instituciones públicas a informar sobre resultados, favorables, o no, o que ocasionaron prejuicio económico a la entidad que adquirió bienes o contrató obras.

Asimismo, la razón por qué el SEACE no es actualizado y optimizado para obtener datos adicionales, como el registro y estado actual de dichas obras o precisar si estuviesen inconclusas o abandonadas.

La recomendación del presidente de la Comisión Investigadora es incluir en el módulo de contratos del SEACE, al término del contrato, la situación de ‘Inconcluso o Abandonado’, mecanismo que serviría para identificar a proveedores y empresas constructoras que ya no deberían prestar servicios al Estado.

Fuente: Congreso

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