Especiales Noticias

Odebrecht: La crisis de los 6 mil 600 millones de soles

Odebrecht y Enagás demandan una indemnización y el pago del costo e instalación del 33% de los tubos del Gasoducto del Sur. Para eso han recurrido a un arbitraje internacional. Aceptar la propuesta de aplazar el plazo para demandar era reconocer que su reclamo es válido y hay algo que negociar.

Detrás de la crisis ministerial y la salida del abogado Jorge Ramírez de la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato se esconde una historia de 6 mil 600 millones de soles o de 2 mil millones de dólares, que la constructora brasileña Odebrecht habría buscado ganar al margen de los procedimientos oficiales.

Esa cifra, de acuerdo con un peritaje internacional elaborado por la española Enagás, es el valor de los tubos ya instalados en el proyecto del Gasoducto del Sur. Odebrecht plantea recuperar esa inversión, con la demanda de arbitraje que ha presentado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Sin embargo, de acuerdo con lo declarado por el exprocurador Ramírez, en diciembre, la constructora brasileña buscó una solución al margen del CIADI, utilizando como gancho el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. Eso precipitó la salida del procurador y el cambio ministerial.

Si Odebrecht seguía los canales oficiales probablemente nada hubiera pasado, dicen en el gobierno. En todo caso, la forma en que se dio la crisis habría sido distinta.

Tres años antes

El gobierno sabía desde enero de 2017 que Odebrecht demandaría ante el CIADI por la cancelación del contrato del Gasoducto del Sur. Solo esperaban el momento en que lo haría.

Si bien el contrato se canceló el 24 de enero del 2017 al no alcanzar el cierre financiero, es decir asegurar el financiamiento, la concesionaria ya tenía avanzadas las obras en un 33% aproximadamente.

Al cancelarse el proyecto, los representantes de la constructora brasileña plantearon una conciliación ante la Comisión Multisectorial de Coordinación y Respuestas del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.

Ese era el primer paso para solicitar un arbitraje ante el CIADI, de acuerdo con el tratado entre el Perú y el Estado de Luxemburgo. Odebrecht dio ese paso y quedó listo para demandar desde esa época.

Con o sin solución amistosa, el plazo máximo para presentar la demanda internacional de arbitraje es de tres años. El plazo comienza desde el momento en que surge la controversia, el 24 de enero de 2017, vencía en enero del 2020.

Esto era conocido en el gobierno y en la Comisión Multisectorial. La procuraduría ad hoc y el Equipo Especial Lava Jato también lo conocían.

Jorge Ramírez, el fiscal superior coordinador Rafael Vela y el presidente de la comisión multisectorial, Ricardo Ampuero Llerena, se habían reunido varias veces por este caso. Enagás, la empresa española que, junto a Odebrecht y Graña y Montero, conformaron el consorcio Gasoducto del Sur Peruano, ya había planteado arbitraje.

ENAGAS en acción

En julio del 2018, Enagás demandó un arbitraje ante el CIADI para recuperar su parte en el proyecto. En este proceso, ya se nombraron los árbitros: Diego P. Fernández-Arroyo (argentino-español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por Enagás; y Claus von Wobeser (mexicano-alemán), nombrado por el Perú.

La Empresa Nacional del Gas, Enagás, ha presentado un peritaje que establece que los trabajos ya realizados en el proyecto gasífero del sur ascienden a 1,980 millones de dólares, al cambio 6,630 millones de soles.

Enagás reclama el pago de 400 millones de dólares, que correspondería a su 25% del proyecto. Del resto, de 1,200 millones de dólares corresponderían a Odebrecht, con el 55%, y el resto a Graña y Montero, con el 20%.

Como se recordará el 15 de diciembre, G y M también pidió la intervención del CIADI, pero la primera semana de enero del 2019 se desistió en el marco del acuerdo de colaboración que ha suscrito con el Equipo Especial del caso Lava Jato, al reconocer tratos ilícitos para la adjudicación de ese proyecto.

Odebrecht y el Gasoducto

Desde que el escándalo de Lava Jato llegó al Perú, Odebrecht ha tenido en mente salvar o recuperar sus inversiones en el país. En especial, ha mostrado mucho interés en el Gasoducto del Sur, tanto por lo ya invertido como su futuro potencial, de una obra que en su inicio se valorizó en más de 7 mil millones de dólares.

Cuando en noviembre del 2016 los representantes legales de Odebrecht tocaron las puertas del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez para colaborar con la Fiscalía peruana, pidieron un trato diferenciado para el Gasoducto.

Mauricio Cruz, el superintendente de Odebrecht en el Perú, le pidió al fiscal de la Nación un certificado de buena conducta para que el proyecto gasífero del sur pudiera seguir operando. Ante ello, Pablo Sánchez le respondió que la Fiscalía que veía el caso era autónoma, y él no podía ordenar archivar la investigación y el Ministerio Público tampoco podía “bendecir” una obra.

El Gasoducto del Sur ha estado en el medio de la colaboración eficaz. El Perú obtiene grandes beneficios en la lucha contra la corrupción con la firma del acuerdo de colaboración eficaz. Eso es indudable, pero Odebrecht obtiene a cambio un gran rédito económico.

El apuro de Odebrecht para aprobar y homologar el acuerdo de colaboración eficaz habría estado en la necesidad de llegar a enero del 2020 con un “certificado” de buena conducta y la investigación del Gasoducto ya archivada. Lo lograron. Entre el 27 de septiembre y el 3 de diciembre del 2019, el Equipo Especial del caso Lava Jato archivó el caso del Gasoducto para Odebrecht.

Plazo límite

Un mes antes de culminar el plazo de tres años, Odebrecht comunicó a la Procuraduría y al Equipo Especial que demandarían al Perú ante el CIADI. Entonces, ya no había mucho que hacer para evitar que se presente la solicitud de arbitraje.

El plazo de tres años está en el tratado internacional de Luxemburgo, por lo que ningún ministro peruano puede cambiarlo unilateralmente. En realidad, consideran en el gobierno, lo que pretendía Odebrecht era sentarse a negociar la indemnización por el cierre del contrato y el pago por los tubos ya instalados.

De haberse aceptado la propuesta, eso suponía una gran victoria para la constructora brasileña y para el otro actor expectante: Enagás. Esto es algo que debieron tener en cuenta los exministros Ana Revilla y Carlos Liu Yonsen, apenas Ramírez les llevó la propuesta.

El miedo a ser señalados de querer obstruir el acuerdo de colaboración eficaz pudo más y lo dejaron pasar, dando la impresión de que el gobierno estaba dispuesto a conciliar. Recién el Ministerio de Economía y Finanzas dijo no. El MEF ya cedió antes a favor de Odebrecht al facilitar la devolución de los 520 millones de soles de la venta de Chaglla.

Si el interés de Odebrecht hubiera sido evitar la demanda ante el CIADI, habría presentado su propuesta a la Comisión Multisectorial. Ese era el camino y no lo siguió. La lucha contra la corrupción debe seguir, pero precisamente por eso la administración Vizcarra no quiere pasar a la historia por haber negociado con una empresa acusada de corrupción.

Una negociación por una cifra que es 10 veces la reparación civil que los brasileños pagarán en 15 años. En el MEF hay confianza en la Comisión Multisectorial ante el CIADI. Suma muchos éxitos y, en todo caso, cualquier resultado será la decisión de los árbitros internacionales.

Enero

Ante el Ministerio de Energía y Minas, los representantes de Odebrecht llevaron una propuesta de resolución ministerial para alargar el plazo para presentar la demanda ante el CIADI. Cuando en el MEF vieron el documento, encontraron que no hay un sustento legal para una decisión de esa naturaleza.

Contrato se cerró sin activar cláusula anticorrupción

El 24 de enero del 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió cancelar el contrato del Gasoducto por no lograr el cierre financiero, sin activar la cláusula anticorrupción. Hoy ya no se puede aplicar esa cláusula que puso el gobierno de Ollanta Humala.

Los directivos de Odebrecht no reconocen pago de sobornos para obtener el contrato del Gasoducto. Tampoco lo han hecho Graña y Montero y sus exdirectivos José y Hernando Graña, acogidos a colaboración eficaz.

En julio del 2019, Jorge Barata declaró la existencia de pagos no contabilizados a privados, cargados al proyecto energético del sur. José y Hernando Graña han descrito las reuniones que Barata les contó que tuvo con ministros y Nadine Heredia.

La investigación a Odebrecht sobre el Gasoducto está archivada y para reabrirla se necesita nueva prueba obtenida a partir de enero del 2020.

El dato

La constructora Odebrecht pretendió utilizar el acuerdo de colaboración eficaz para forzar una negociación sobre el costo de los tubos ya instalados en el Gasoducto del Sur.

Fuente: La República – César Romero

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *