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Municipio de Lima denuncia que resolución judicial atenta contra ordenamiento del transporte

Juzgado de Huarochirí vulnera fallo del TC y ordena a Lima suspender fiscalización a empresa de transporte. No solo empresas del Callao, sino también de la provincia de Huarochirí recurren a argucias legales para operar en Lima.

Es el caso de la empresa 5 Continentes que ahora pretende prestar el servicio de transporte en la ciudad sin autorización, amparado en una resolución del Poder Judicial, la cual vulnera un fallo del Tribunal Constitucional (TC), denunció la Municipalidad de Lima.

Esta empresa presentó un recurso ante el Juzgado Mixto de Matucana, provincia de Huarochirí, solicitando se dé cumplimiento a una resolución judicial emitida hace más de 20 años y que ordena a la comuna metropolitana suspenda las acciones de fiscalización contra sus unidades.

La jueza del referido juzgado, María Angélica Sánchez Rodríguez, admitió el pedido de 5 Continentes y a través de otra resolución de fecha 5 de marzo de 2018, exige a Lima que deje de fiscalizar y sancionar a la empresa 5 Continentes. El ente judicial basa su pedido en sendas resoluciones emitidas en 1997 y 1998, que disponen se aplique la misma medida.

Sánchez Rodríguez es la misma magistrada que hace unos meses admitió un recurso de amparo a favor de la empresa chalaca Patrón San Sebastián, representada por Julio Rau Rau, y permite que sus buses circulen por algunas vías que forman parte de los corredores complementarios, declaradas intangibles por una ordenanza municipal.

Ahora, las unidades de 5 Continentes, amparadas en una irregular resolución judicial y con permiso provisional otorgado por el municipio de Huarochirí, circulan impunemente por las calles de Lima Metropolitana, sin que la comuna capitalina pueda ejercer ninguna acción de control, lo que constituye un riesgo para los pasajeros.

El municipio limeño cuestionó la resolución judicial y señaló que tal decisión afecta el ordenamiento del transporte y trasgrede una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en abril de 2005, que declaró inejecutables las acciones de amparo interpuestas por el Concejo Provincial de Huarochirí.

En el fallo, el máximo organismo constitucional también dispuso que dicha comuna cese el otorgamiento de autorizaciones para que empresas de transporte de Huarochirí operen en la ciudad capital.

Ante esta situación, la Procuraduría Pública Municipal de la MML presentó un recurso solicitando al Juzgado de Matucana se declare inejecutable la sentencia y se archive el proceso.

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