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La cortina de humo del fiscal

Día a día los peruanos se van enterando de que la supuesta bandera anticorrupción que algunos izan y fuerzan ondear, no es sino un trapo sucio, raído, y quizás hasta rojo, que los verdaderos y más avezados corruptos usan no solo como destructivo de sus fechorías sino cual emblema pirata que anuncia atracos y destrucción.

Ayer mismo se confirmó lo que venía siendo ya un trascendido en las redes sociales respecto a que los fiscales favoritos del actual gobierno, por ineficiencia o dolo, habían sido invariablemente útiles al plan trazado por Odebrecht para limpiar su camino de todo obstáculo que pudiera impedirle seguir obteniendo del Perú las mayores ventajas posibles aún después del escándalo de corrupción en que estuvo inmersa.

¿De qué se trata esta vez? Nada menos que el fiscal estrella –de mínima jerarquía, pero respaldado por las más altas esferas de su institución y del gobierno- había archivado la denuncia interpuesta contra los máximos funcionarios de la empresa brasileña, por delito de defraudación tributaria ascendente a más de mil millones de soles cometido aprovechando la nula fiscalización ejercida por el humalismo.

En lugar de dar respuestas a la observación ciudadana, como corresponde a todo funcionario público, el fiscal responsable contesta con lo que mejor sabe, con una cortina de humo, en este caso con el allanamiento al domicilio y detención de Yehude Simon, ex presidente regional de Lambayeque, ex congresista, ex presidente del Consejo de Ministros y de inolvidable militancia emerretista, que le valió condena por delito de terrorismo, si bien fue beneficiario de indulto en el gobierno de transición.

No cabe duda alguna que el citado personaje, que lidera un partido recientemente prestado a la izquierda humalista y que felizmente no pasó la valla electoral, debe ser investigado por los actos de corrupción ocurridos durante su gestión en el gobierno regional por los contratos de obras públicas asignados a Odebrecht. No se trata de que Odebrecht hubiera aportado a su campaña electoral para reelegirse en el cargo ejecutivo regional, hecho que de ser probado no significaría en principio delito, pues el financiamiento prohibido recién ha sido tipificado como tal por Ley 30997, de agosto de 2019; se trata de que esos “aportes” hayan constituido mera coima o soborno.

Usar el legítimo derecho del Estado de perseguir el delito como escudo o parapeto de la necesaria rendición de cuentas o incluso de posibles actos de corrupción de los propios operadores de justicia, es una perversión que no debe ser tolerada.

Escribe: Martha Chávez – Electa Congresista de la República

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