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JNE: Desestiman pedido de suspensión de alcalde de San Martín de Porres

Las causales de suspensión contemplados en el artículo 25 de la LOM Nº 27972 no se han incumplido

Milagros Rocío Odar Muñoz presentó una solicitud de suspensión de Julio Chávez Chiong en el cargo de alcalde de SMP, ante la sede del JNE adjuntando como sustento la resolución del Tribunal de Sanciones de la Contraloría Nº 117-2017-CG/TSRA-Primera Sala de fecha 19 de setiembre 2017 que impuso al administrado la sanción de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Agregando que todos sus actos administrativos son nulos ipso jure, desde que asumió su mandato municipal al encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública.

Legislación de jurisprudencia sobre principio de legalidad garantiza el debido proceso

El JNE en su resolución, da cuenta que existe abundante legislación de jurisprudencia tomada por el colegiado sobre el principio de legalidad que dispone que “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la Ley”.

No se violado causales del artículo 25 de la LOM Nº 27972

Resulta indiscutible, dice la resolución del JNE, que el hecho que sustenta la solicitud de suspensión no se encuentra en ninguna de las causales de reguladas por el artículo 25 de la LOM Nº 27972, por cuanto se refiere a una presunta inhabilitación administrativa para el ejercicio de función pública que sopesa en contra del alcalde del distrito de San Martín de Porres.

La solicitud de suspensión no configura causal regulada por la LOM en aplicación del principio de legalidad  

Por estas razones, el pleno del JNE precisa que la solicitud de suspensión no configura ninguna causal de las reguladas por la LOM, en aplicación del principio de legalidad, regulado por el artículo 2, inciso 24 literal d, de la constitución política del Per, corresponde declarar la improcedencia de la presente solicitud. Por lo que el JNE no puede trasladar dicho pedido, debido a que el citado principio, garantía del derecho sancionador, exige que la conducta materia de sanción esté expresa, previa y claramente regulada en la ley, lo que no sucede en el caso de autos.

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