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Fiscales en alerta para prevenir mal uso de recursos en los municipios durante emergencia

Gobiernos locales administrarán 213.6 millones de soles para entregar alimentos a familias necesitadas

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) realizarán acción preventiva para evitar irregularidades en el uso de los 213.6 millones de soles que el Gobierno autorizó a utilizar a las municipalidades, durante la emergencia nacional por coronavirus, para distribuir víveres entre las familias en situación de pobreza.

Así lo dispuso el coordinador nacional de las FECOF, Omar Tello Rosales, mediante un oficio circular remitido vía WhatsApp a los 124 jefes de despachos fiscales provinciales que cumplen, de forma rotativa, el servicio de turno en cada una de las 42 sedes anticorrupción del Ministerio Público.

«Corresponde que las Fiscalías Especializadas (…) que se encuentren de turno se mantengan en alerta permanente ante cualquier eventual acto de corrupción que se pueda propiciar en los gobiernos locales”, refiere el oficio.

Comunicación permanente

La disposición establece también que las FECPF deberán mantenerse en comunicación permanente con la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional, a efectos de realizar actividades conjuntas con la Contraloría General de la República en el marco del estado de emergencia.

“Esta atribución para vigilar y prevenir cualquier práctica ilícita por parte de un funcionario o servidor público que haga mal uso del presupuesto transferido ante la emergencia nacional, es parte de las funciones que las FECOF cumplen en mérito a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de las Fiscalías Especializadas”, precisa una nota de prensa.

«Con esta facultad, respaldada por la Fiscalía de la Nación, los fiscales anticorrupción de turno, en coordinación con la Contraloría, la Policía Nacional y la sociedad civil, velarán para que los alcaldes y demás funcionarios municipales cumplan de forma honesta y transparente con la adquisición y distribución de las canastas básicas para las familias más necesitadas”, continúa el documento.

“Es una oportunidad para adelantarnos a un hecho delictivo porque podremos acopiar elementos para una intervención eficiente», sostuvo el fiscal superior Omar Tello.

Exhortación a alcaldes

El magistrado exhortó a los burgomaestres a actuar en el marco de la ley, y precisó que, de lo contrario, podrían incurrir en el delito de peculado, penado con 8 a 12 años de privación de la libertad.

El Decreto de Urgencia Nº 033-2020 establece que, una vez realizada la entrega de los productos de primera necesidad, se deberá publicar en la página web de cada municipio el nombre del titular de la familia beneficiaria. Esta información deberá consignarse también en lugares públicos.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó recientemente que los alcaldes tendrán la obligación de informar sobre el costo de cada producto que integre la canasta básica, con el fin de que esa información sea contrastada.

Fuente: Andina

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