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Expresidente Ollanta y PPK tendrían responsabilidad constitucional

La presidenta de la Comisión investigadora ‘Lava Jato’, Rosa Bartra Barriga (FP), afirmó que existen elementos suficientes en las investigaciones realizadas para denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala Tasso por la presunta comisión del delito de función de negociación incompatible.

Del mismo modo, sostuvo que hay indicios de comisión del delito de lavado de activos que habrían cometido Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kisic Wagner.

“Esa falta es en la modalidad de conversión, previsto y sancionado en la Ley 27765”, acotó la congresista al leer las recomendaciones del informe final –en mayoría- durante su exposición ante la Representación Nacional.

Dijo que el informe final se va a remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y al Ministerio Público a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emitan el pronunciamiento correspondiente.

Igual se va a derivar el informe a la Contraloría General de la República para que evalúe el inicio de los procedimientos administrativos para la sanción de responsabilidad civil en el ejercicio de funciones en la que habrían incurrido Javier Roca Fabián, exdirector general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional.

Informó también que están involucrados Rosalía Álvarez Estrada, exsecretaria general del Ministerio de Economía; María Soledad Guiulfo Suárez-Durand y Carlos Casas Tragodara, ambos ex viceministros de Economía; José Huamán Castillo y Adela Saavedra Díaz, exconsejeros delegados del gobierno regional de Lambayeque, así como Pablo Enrique Salazar Torres., exgerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Rosa Bartra, durante su exposición, detalló hechos relevantes del proyecto Olmos, el cual consideró como “un proyecto de irrigación en Lambayeque cuyas tierras resultaban propicias para el desarrollo agrícola, siendo dividido en tres etapas”.

Explicó que se detectaron hechos donde funcionarios públicos cumplían servicios a favor de la empresa Trasvase Olmos S.A. que ocasionaron un perjuicio económico financiero de 50 millones de dólares a favor de Odebrecht, “registrándose una subasta de tierras de 11 mil 500 hectáreas”.

Remarcó que el proyecto H2Olmos, no fue desarrollado en un proceso regular. “Se ha analizado y se han saltado disposiciones legales, incluso retirando funcionarios”, reveló la congresista.

Sobre los servicios a favor de concesionaria Trasvase Olmos S.A., indicó que hubo bonos corporativos que se firmaron por 100 millones de dólares. Se pagó por asesoría un millón de dólares y el Estado dio las facilidades necesarias cuando era ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, beneficiando a su empresa Westfield Capital con un abono de un millón 62 mil dólares.

Bartra acotó que se transfirió la suma de 345 mil dólares de parte de Dorado Asset Management Ltd y se presume delito de lavado de activo de parte de Pedro Pablo Kuczynski por esas gestiones realizadas.

Afirmó que como segundo hecho figura el perjuicio económico financiero sobre el reconocimiento de 50 millones de dólares a favor de Odebrecht en el Proyecto de Trasvase Olmos.

“El contrato de concesión estipulaba que hechos así ocurrían y que el gobierno regional de Lambayeque reconoció el perjuicio económico financiero a la concesionaria Trasvase Olmos mediante la ampliación de vigencia del contrato”, expresó.

Señaló que en la ejecución de las obras ocurrieron hechos que afectaron los trabajos, como “estallidos de roca” que impidieron el desarrollo del cronograma de las obras. Dijo que la reacción del gobierno regional ante esos hechos fue pasiva. No cuestionó la propuesta y planteó que no se amplié la concesión.

“Ordenó el pago de 34 millones de dólares por esos daños. Luego hubo un acuerdo para que el pago sea al contado. Al final, el total del abono fue 43 millones 642 mil dólares”, argumentó.

Subrayó que el gobierno regional de Lambayeque modificó el contrato y decidió pagar directamente a H2Olmos SA, la suma de 49 millones 326 mil dólares a partir de un procedimiento irregular.

Precisó que, al no contar esa entidad con fondos, se recibió transferencias del gobierno nacional autorizados por el expresidente Ollanta Humala Tasso, quien incurrió en el delito de negociación incompatible, interesándose en los pagos.

“Fueron tres decretos que ordenaban esos abonos. Primero fue 18 millones de dólares, luego 98 millones 960 mil 560 dólares y finalmente 15 millones 858 mil 360 dólares, las transferencias”. En menos de un año, desde que asumió funciones, Ollanta reconoció esos pagos.

Como tercer hecho, la congresista sostuvo que hubo opinión favorable del contrato por parte del MEF y la evasión del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

“El gobierno regional de Lambayeque, por medio de Pablo Salazar Torres, gerente general del proyecto, solicitó al MEF la aprobación, siendo aceptada por Mercedes Aráoz Fernández, dando el Estado el financiamiento”, demandó.

Referente a la subasta de tierras, reveló que hubo una adjudicación directa de 11,530 hectáreas a favor de Odebrecht por 49 millones de dólares. El gobierno regional de Lambayeque tenía 38 mil hectáreas de tierras que debían ser subastadas para financiar el proyecto de Irrigación Olmos. Luego de dos subastas solo se vendieron 26,470 hectáreas, cuyas condiciones no eran atractivas para los inversionistas.

La presidenta de la Comisión enfatizó que revendió las tierras a 64 millones 569 mil 890 dólares, obteniendo una ganancia a su favor de 15 millones 517 mil 386 dólares cuando este monto correspondía, en principio, al gobierno regional conforme al contrato de concesión.

Fuente: Congreso

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