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Es escandalosa la contratación de la publicidad en provincias

Recursos públicos de municipios y regiones son destinados a medios que pocos o nadie conocen. Existen radios que solo viven de la publicidad estatal y son utilizadas para atacar a rivales de la autoridad, denuncia Víctor Quijada Tacuri.

Deben distinguirse los gastos de publicidad estatal con fines informativos de aquellos que tienen fines comerciales o de posicionamiento de la entidad pública. No es lo mismo difundir el cronograma de pagos para jubilados de aquellos que buscan dar a conocer la imagen de una entidad, así lo señaló Víctor Quijada Tacuri, abogado y analista político.

“Esa situación es más evidente en provincias, donde los gobiernos municipales y regionales destinan ingentes recursos en promocionar la gestión y figura del alcalde o gobernador regional antes que ofrecer información útil a la comunidad”, precisó el también profesor universitario.

Quijada se ha mostrado de acuerdo con el espíritu de la norma presentada por el congresista Mauricio Mulder y cuestionó el criterio de los gobiernos subnacionales (municipio o regiones) al momento de escoger en qué medios se contrata para la publicidad.

“Panfletos que nadie conoce, revistas que no tienen referencias, son escogidas para realizar publicaciones o publirreportajes mal utilizando recursos de todos los peruanos. Además, existen radios que viven solo de la publicidad estatal a cambio de atacar a los rivales de la autoridad que los contratan. Eso debe terminar”.

Para el abogado, la propuesta del congresista Mulder abre un debate sobre si los medios de comunicación del Estado, llámese TV, radio e impreso, son suficientes para dar a conocer información útil para los ciudadanos o realmente es necesario contratar medios de comunicación privados.

“En provincias, muchas veces los únicos que logran llegar a los caseríos o comunidades más profundas son los medios del Estado. Los canales comerciales o las revistas de Lima difícilmente son conocidas por estos pobladores”.

Es importante precisar que la Libertad de Expresión no se ve afectada por un proyecto de Ley que solo regula la publicidad pagada con recursos públicos. Ni la libertad de información, ni la libertad de opinión se ven afectadas, según la Constitución Política del Perú, en su artículo 2 numeral 4.

Actualmente, la norma establece que la publicidad contratada por el Estado se realiza vía contratación directa, antes denominada exoneración de acuerdo a la actual Ley de Contrataciones del Estado, lo cual permite un manejo muy flexible del dinero público para pagar publicidad estatal y poner a medios de comunicación al servicio de los gobernantes.

“Muchas de estas contrataciones son a dedo porque así lo permite la ley, y ello no se considera una forma de coartar la libre empresa y menos la libertad de expresión. Lo que no se debe permitir es direccionar los términos de referencia de una entidad para favorecer a unos o descartar a otros, eso no está bien”.

En ese sentido, las agencias de publicidad o agentes intermediarios deberían tener un papel mucho más transparente en el manejo de las tarifas publicitarias las cuales se negocian de una manera muy flexible sobre servicios que pueden ir más allá del solo avisaje. “Es una puerta abierta que podría comprometer la línea editorial del medio de comunicación contratado. El tema es subjetivo, pero en estos casos debería funcionar de manera eficiente la autorregulación”.

Escribe: Víctor Quijada Tacuri – abogado especialista en contrataciones con el estado

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