De este grupo, 43 no cuentan con experiencia previa en cargos subnacionales y 22 han cambiado de agrupación política para este proceso. El 60% de los exparlamentarios aspirantes tienen denuncias, investigaciones o cuestionamientos.
En el 2020 se llevaron a cabo elecciones congresales extraordinarias para elegir a la totalidad de parlamentarios que pudieran concluir el periodo 2016-2021. Los legisladores que ganaron ejercieron funciones poco más de un año y cuatro meses. Para 53 de los elegidos, dicho mandato corto parece haber sido un trampolín para posicionarse y poder postular este 2022 a cargos subnacionales.
La Unidad de Periodismo de Datos revisó la información de los precandidatos a las elecciones de 2022 y halló que 94 excongresistas de los ocho procesos electorales llevados a cabo entre 1990 y 2020 buscan postular como alcaldes y gobernadores regionales. El 56% de ellos fue elegido para el periodo 2020-2021. Entre ellos están Daniel Urresti, Omar Chehade, Absalón Montoya, entre otros.
El abogado Martín Cabrera, de 50+1 Grupo de Análisis Político, señala que las cifras evidencian que muchos habrían evaluado la opción de ser congresistas en ese corto período apuntando en realidad a las elecciones regionales y municipales de este año. “Es un hecho incuestionable e inevitable que ser congresista resulta, en términos de exposición mediática una invalorable oportunidad”, señala Cabrera.
Por su lado, el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, menciona que se sabe que el cargo de parlamentario es uno de mucha ingratitud. Además, si bien reciben un sueldo considerable, no manejan un presupuesto como el de las autoridades subregionales. “Un congresista gana su remuneración mensual y tiene cubiertos algunos gastos extras, pero un alcalde o un gobernador regional es titular de un pliego presupuestal”, afirma.
Rospigliosi afirma que además con este presupuesto pueden realizar grandes obras y, a diferencia de los legisladores, dejar una marca. “A diferencia de un congresista, cuya tarea es legislar, un gobernador regional o uno local puede desarrollar obras públicas, ejecuta”, sostiene.
En ese sentido, el experto menciona que pueden haber parlamentarios buenos que busquen recolocarse en algún cargo subnacional para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de sus jurisdicciones, como hay otros que solo quieren dejan una marca o tener acceso a presupuestos más grandes y por eso postulan a estos cargos.
No obstante, Rospigliosi advierte que si bien se podría considerar que para este grupo el puesto de congresista fue un trampolín para hacerse conocido y luego postular a un cargo subnacional, dicho intento podría tener el efecto contrario. “Su pasado congresal podría tener un impacto negativo más que positivo. Es un riesgo”, sostiene y explica que el cargo de parlamentario no es uno de mucha gratitud.
“Si un alcalde exitoso postula al congreso después de una gestión exitosa, las personas votarán por él; pero en el caso de un congresista es complicado medir una gestión exitosa. Por qué darte mi voto si no hiciste nada”, dice Rospigliosi.
Sin experiencia
El análisis también revela, que de los 53 exlegisladores del periodo 2020-2021 que son precandidatos, 43 no cuentan con experiencia previa en cargos subnacionales. “La experiencia en gestión que ser congresistas les haya podido representar, como para gobernar una región o provincia es bastante relativa porque los congresistas no saben ejecutar presupuesto, por ejemplo”, advierte Cabrera.
Si bien la función de control político supone cierta experiencia en temas de gestión pública, el especialista menciona que en lo absoluto ello debe ser entendido como una oportunidad de aprender a gestionar, porque los congresistas no ejecutan presupuesto. “La experiencia parlamentaria se centra básicamente en la evaluación y debate de propuestas de ley sobre diversos temas, pero nunca llegan a aterrizar los temas a un nivel técnico suficiente que les permita adquirir conocimientos especializados en gestión”, sostiene.
De igual manera, Rospigliosi señala que “una cosa es la labor de legislar y otra la de ejecutar como alcalde o gobernador. Para el especialista, no contar con experiencia previa es un riesgo de tener una gestión desastrosa. “Un gobernador local o regional es un gestor y debe tener experiencia como gerente privado o público. No se puede utilizar un cargo como academia de aprendizaje. Se va a pasar el periodo de gestión aprendiendo y eso no se puede permitir”, recalca.
Malos antecedentes
Además, de los 94 exparlamentarios aspirantes, el 60% tiene denuncias, investigaciones o cuestionamientos por distintas razones como robo, corrupción, violencia familiar, crimen organizado, y hasta homicidio.
Según Rospigliosi, pese al derecho a presunción de inocencia que tiene todo ciudadano, es muy importante conocer las denuncias y antecedentes de candidatos para evitar que repitan actos ilícitos. En Perú se van alrededor de 22 mil millones de soles por corrupción. “Gran parte del presupuesto los manejan los gobiernos regionales y locales. Es peligroso que personas con denuncias, sobre todo por corrupción, ocupen estos cargos. Necesitamos gente idónea en ellos”, asegura.
El especialista explica que ha habido un muy pequeño avance, ya que antes había que esperar que una persona tenga sentencia en segunda instancia para tacharlo y ahora basta con que la tenga en primera instancia. No obstante, aún falta mucho por hacer.
En esa misma línea Cabrera subraya que estos precandidatos deben recordar que ahora no solo están impedidos a postular a cargos públicos quienes tienen sentencias condenatorias de primera instancia, sino también que ya no hay inmunidad parlamentaria.
Nuevas bancadas
Por último, 52 excongresistas postulan con una nueva bancada y 10 lo hacen por una nueva región. En ese sentido, los expertos explican que la lealtad de un político es muy débil. Sin embargo, también se debe considerar la valla electoral, que no todos han podido pasar.
“Esta situación evidencia el debilitamiento institucional de los partidos políticos”, afirma Cabrera. Según explica, Somos Perú (25), Perú Libre (24) y Alianza para el Progreso (23) son las organizaciones políticas que participan con candidaturas casi en todas las regiones del Perú. Ello representa, en el corto plazo, una capacidad de movilización importante que podría llegar hasta las próximas elecciones generales. La clave de todo esto debería ser el nivel de vinculación o militancia que tengan los candidatos con la organización. “Lamentablemente sabemos que la mayoría tienen como origen movimientos regionales, y son ‘captados’ por los partidos políticos principalmente para ganar”, afirma.
La mayoría de precandidatos excongresistas son de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Les siguen los precandidatos de Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú.
No obstante, si bien hay un grupo que viene de partidos que ya no están inscritos, hay otro grupo que pasó de uno que no ha perdido su inscripción. “Eso sí es transfuguismo puro y duro. Va de un partido a otro, solo considerando cuál le favorece más”, dice Rospigliosi.
Fuente: ECDATA El Comercio – Mayté Ciriaco Ruíz / Ángela Peña