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El tráfico de tierras es toda una organización

A propósito de la situación de tensión y enfrentamiento que se vive en el sector de Lomas de Zapallal en el distrito de Puente Piedra, donde los traficantes de terrenos se han posesionado de extensas áreas de terrenos propiedad de Bienes Nacionales y Ministerio de Defensa con el agravante de existir sendas resoluciones que califican la zona como paisajista y ecológica, pone en evidencia que los traficantes de tierra son más poderosos que la ley y las autoridades.

El tema del tráfico de terrenos fue incluso puesto al debate en el mismo Congreso de la República cuando por efectos del Niño Costero miles de viviendas construidas en riberas de ríos y zonas de alto riesgo, fueron destruidas. La responsabilidad no demoró en apuntar a los traficantes de tierras quienes haciendo su agosto con la venta bajo la modalidad de posesión fueron entregados a miles de incautos lotes de terrenos, donde construyeron sus viviendas en forma ilegal e informal sin medir riesgos menos verificar titulación alguna de los terrenos adquiridos.

Desde el mismo Congreso de la República se alzó la voz para señalar a los alcaldes como promotores de estos tráficos de terrenos por ser ellos (dijeron algunos congresistas) quienes otorgan títulos de propiedad o constancias de posesión.

No hubo respuesta alguna del gremio que representa a los alcaldes, es decir el AMPE, se quedo callada. Sin embargo desde la Mancomunidad Municipal Lima Norte, presidida por el alcalde Comas Miguel Saldaña, los alcaldes que la integran, rechazaron las acusaciones, afirmando que ni títulos de propiedad ni constancias de posesión en zonas de alto riesgo son entregadas por ellos.

“Los traficantes de terrenos son una organización, cuyos abogados buscan sacar la vuelta a la ley con interdictos judiciales que son emitidos por malos jueces en favor de asociaciones que ocupan áreas de terrenos propiedad del estado” dijo el alcalde de Ancón, Felipe Arakaki en una sesión ordinaria de la referida Mancomunidad, agregando que esos interdictos impiden que se aplique la ley Nº 30230 para desalojar y detener a los responsables de las invasiones.

“Quienes dicen que los alcaldes entregan títulos de propiedad, no conocen, no han leído la Ley Orgánica de Municipalidades, quienes otorgan títulos de propiedad es COFOPRI” precisó con firmeza el alcalde de Carabayllo Rafael Álvarez Espinoza a la prensa local de Lima norte.

A través de diversos medios televisivos de cobertura nacional que han cubierto e informado los sucesos producido hace algunos días en Lomas de Zapallal, escuchamos las versiones de un jefe policial de la zona, pidiendo que los propietarios de los terrenos (Bienes Nacionales, Ministerio de Defensa y el mismo Ministerio del Ambiente) a través de sus procuradores apelen la resolución de un juez del Módulo de Justicia de Ancón que ha resuelto mediante una resolución judicial (presumimos un interdicto) en favor de la posesión de los terrenos en manos de los traficantes de terrenos. Es decir se judicializo el problema y las autoridades simplemente no pueden intervenir, bajo el riesgo de ser denunciadas penalmente por abuso de autoridad por los traficantes de tierras.

Es una lucha desigual de carácter judicial y la prepotencia de la fuerza y matonería contra las autoridades por el uso de leyes débiles y jueces que francamente deberían ser investigados por sus órganos de control, deja al estado indefenso. Todo esto prueba que el tráfico de tierras en nuestro país es toda una organización.

Escribe: Oscar Larenas Núñez

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