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Ejecutivo advierte que la economía del país depende de ley que reemplaza al DU 003

La responsabilidad es del Congreso. Son 252 proyectos de inversión que están en riesgo de no ejecutarse por falta de decisión del Congreso: representan una inversión de 30 mil millones de soles, aseguró la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper. Además, 53 mil empleos se pueden perder, detalló.

El Ejecutivo solicita que el Congreso apruebe, con urgencia, el proyecto de ley que le envió y que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, además de incentivar la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

“El Decreto de Urgencia no se puede prorrogar más. No nos resuelve el problema de hacer andar la economía. Solo podemos garantizar que se mueva con un proyecto de ley”, dijo la titular del MEF, Claudia Cooper, en conferencia de prensa.

Cooper, quien estuvo acompañada de varios ministros de Estado y miembros del Congreso, manifestó la preocupación del Ejecutivo por la situación que atraviesa el sector de la construcción, base para impulsar la obra pública, detalló.

“Estamos es un riesgo sistémico en el sector construcción, que es el más intensivo en mano de obra. Tenemos una proyección de crecimiento del 4% y para poder alcanzarla, uno de los principales motores es la obra pública”, sostuvo.

El proyecto de ley Nº 2408, que reemplazaría el DU 003, no solo sanciona a las empresas condenadas y confesas por corrupción, sino que también comprende a las consorciadas e investigadas por corrupción en el caso Odebrecht, aseguró el Ejecutivo.

La iniciativa precisa las retenciones que se deben hacer a las empresas involucradas en casos de corrupción.

Entre otros aspectos, excluye la posibilidad que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) imponga medidas cautelares, las mismas que perjudicaron la cadena de pagos de Odebrecht en el 2017.

“Lo que el proyecto busca es cautelar la reparación civil y esta solo se podrá recaudar mientras los flujos se restituyan. Tenemos que hacer los pagos a las obras, producir ventas en el sector. Si no hay reparación civil, la recaudación es cero, que es lo que ha sucedido con el actual DU 003”, explicó.

“Lo otro es garantizar la continuidad de las obras y lo tercero es garantizar la colaboración eficaz. Que las empresas involucradas en estos temas empiecen a hablar para castigarlas”, explicó la ministra.

En riesgo

Cooper aseguró que producto de la crisis en el sector construcción, en el contexto de revelación de casos de corrupción en megaproyectos, 252 proyectos se encuentran en riesgo de no ser ejecutados con lo que afecta el desarrollo del país. Esa cantidad representa 30 mil millones de soles; es decir, casi todo el presupuesto del 2018.

Si no se concretan, se perderían 53 mil empleos solo de las nueve empresas más grandes que son investigadas por la Fiscalía, informó el MEF.

La ministra Cooper agregó que hay 11 mil millones de soles en deudas directas al sistema financiero. Estas deudas son directas del sector, de los proveedores o de los trabajadores.

Cooper instó al Congreso a trabajar en conjunto con el Ejecutivo a fin de aprobar el proyecto de ley que se debate desde hace un mes en sesión conjunta de las comisiones de Economía y Justicia.

“Acá tenemos que ponernos de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo. Requerimos de una ley para sacar esto adelante”, sostuvo la ministra.

Regiones

A ella se sumaron los gobernadores regionales, que se pronunciaron a favor de que el Congreso discuta y apruebe el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

“Es necesario y es parte de nuestra responsabilidad asegurar la continuidad de las inversiones públicas”, indicaron en un pronunciamiento conjunto que emitieron al finalizar el Séptimo Gore Ejecutivo.

Proveedores alertas

El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para reemplazar el DU 003 sufrió más de una docena de modificaciones en el Congreso, detalló días atrás el legislador fujimorista Miguel Torres.

A pedido del citado legislador, las obligaciones de la nueva ley también alcanzarían a las empresas que, sin ser socias durante la adjudicación, tuvieron esa condición cuando se concretó el delito de corrupción.

En las sesiones de las comisiones de Economía y Justicia, que evalúan la iniciativa en conjunto, se realizaron alrededor de 60 observaciones. Se espera que este lunes logren un dictamen consensuado.

Cuestionamientos

Para la Asociación de Proveedores de Odebrecht, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso es peor que el DU 003. El representante de ese grupo, Hugo Alache, consideró oportuno que no se haya aprobado el pre dictamen el jueves pasado.

“El proyecto de ley que envió el Ejecutivo dejaría a los proveedores de Odebrecht en peores condiciones de las que ya se encuentran”, dijo.

Alache criticó que el Ejecutivo proponga limitar que las empresas involucradas en casos de corrupción puedan entregar maquinaria como parte de pago a sus proveedores solo por un valor máximo de 41 mil 500 soles sin permiso del Ministerio de Justicia.

“En lugar de beneficiar a los proveedores, que hicieron su trabajo sin estar involucradas en los casos de corrupción, el Ejecutivo los perjudica, ya que rebaja las daciones de pago de 165.500 soles a solo 41.500”, dijo. “Mejor estaba el DU 003. La ley debería priorizar a los trabajadores y a los proveedores”, agregó.

Alache dijo que la iniciativa de ley del Ejecutivo solo “salva a las empresas integrantes del Club de la construcción y a las consorciadas de Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA)”.

El proyecto de ley también preocupa a los proveedores de Odebrecht en proyectos que ya no están en marcha, como el Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En el GSP, el consorcio Constructor Ductos del Sur (Odebrecht y Graña y Montero) aún arrastra deudas de aproximadamente 200 millones de dólares con sus principales proveedores, que han despedido a cientos de trabajadores desde que se paralizaron las obras.

El futuro para ellos aún es incierto.

Fuera de juego

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca, según el Ministerio de Economía, tres objetivos: garantizar el pago de la reparación civil, la continuidad de los proyectos y permitir que el Ministerio Público celebre acuerdos de colaboración eficaz.

Solo en Lima y Callao están en riesgo 23,580 millones de soles en inversión, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley que reemplaza el Decreto de Urgencia Nº 003, detalló el Ministerio de Economía.

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