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DU Nº 003-2017 debe priorizar pago de salarios y beneficios sociales a perjudicados por caso Lava Jato

Asimismo, debe reiniciarse y culminarse las obras paralizadas.

En sesión conjunta de las Comisiones de Justicia y Economía, en el Congreso de la República, los trabajadores demandaron que en el debate del proyecto para reemplazar el DU 003-2017, se priorice el pago de los salarios y beneficios sociales de los trabajadores afectados por la paralización de obras por el caso Lava Jato.

Luis Villanueva Carbajal, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), acudió al hemiciclo el pasado 22 de febrero, como representante de la CGTP, y mencionó que su pedido está amparado en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, que prioriza las remuneraciones y beneficios sociales cuando hay una obligación del empleador.

“En el proyecto de ley, en su artículo 3, se habla sobre las medidas que aseguren el pago de la reparación civil a favor del Estado, pero no se señala garantías para el pago de las remuneraciones y el salario de los trabajadores afectados por el rompimiento de la cadena de pagos. Este punto es inconstitucional”, advirtió.

Igualmente en el artículo 5.1, sobre la regla de adquisición, señaló que se debe agregar la responsabilidad solidaria del pago social de quien adquiere esos activos. Se debe poner, mencionó, la responsabilidad del pago social cuando se refieren al pago de los trabajadores.

También preocupa el artículo 5.3, sobre la materia de transferencia, que dice que no podrá ser afectado bajo ningún título como consecuencia de las acciones u omisiones de los sujetos comprendidos en el artículo 2. Villanueva Carbajal considera que así redactado también podrían estar excluidos los derechos de los trabajadores, el pago de las remuneraciones y beneficios sociales.

El artículo 7.1, que es relativo a la retención de importes para ser pagados al Estado, señala en su último párrafo que las entidades del Estado directamente o a través de terceros podrán asegurar que los recursos sean transferidos a los concesionarios o contratistas. El término “podrán” no precisa la ejecución obligatoria; debe redactarse “deberán”, para obligar a las empresas.

El artículo 8.1, que advierte sobre los fondos de fideicomiso, solo está referido a la reparación social. Ante ello, considera que se debe incluir la cadena de pagos para hacer posible la continuidad de la obra y el pago de los beneficios sociales.

En la undécima disposición complementaria del proyecto, se hace referencia al pago de las deudas tributarias, pero se omite las obligaciones laborales, el pago de los beneficios laborales de los trabajadores. Debe incluirse puntualmente a los trabajadores, opinó.

Asimismo, advirtió que el modelo de gestión de las obras públicas debe cambiarse radicalmente, porque los funcionarios tienen mucha discrecionalidad para decidir quiénes entran a las licitaciones y hasta quiénes ganan. También la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado muchas veces no se aplica ni en las propias licitaciones de las obras públicas, y se han creado modalidades que permiten las conocidas adendas y el fraude a los peruanos, afirmó.

Recordó que más de 100,000 trabajadores, directa e indirectamente, han sido afectados por el decreto de urgencia 003-2017, que priorizó la paralización de obras y el congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas investigadas en casos de corrupción. Por ello, demandó el reinicio de las obras para que haya trabajo.

Señaló su acuerdo con el fideicomiso de garantía, pero la disconformidad con que haya autorización del Ministerio de Justicia, pues esto ha entrampado todo. “Los trabajadores necesitamos que se reinicien y terminen las obras, y se paguen las remuneraciones y beneficios sociales. También estamos de acuerdo con que a las empresas se les exija una carta fianza”, dijo.

Exigió que la intervención a las empresas comprometidas en actos de corrupción no debe ser optativa, sino impositiva: todas deben ser intervenidas. Además, informó que cuando hay problemas en la ejecución de una obra, el propietario de la obra hace intervención a la empresa y la acompaña para que vaya controlando el flujo de los pagos y se termine la obra. Ese modelo debe replicarse, sugirió.

“Finalmente, demandamos que siempre se tenga en cuenta que los trabajadores somos la parte más débil dentro de la relación contractual. Y necesitamos la protección de nuestras autoridades y del Congreso de la República”, culminó el dirigente sindical.

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