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Dictan prisión preventiva para los cuellos blancos del puerto

El Poder Judicial ordenó esa medida restrictiva por 36 meses para trece presuntos miembros de esa organización criminal que lideraría el exjuez Walter Ríos

El Poder Judicial resolvió dictar 36 meses de prisión preventiva para trece presuntos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, la cual, según la fiscalía, se infiltró en la Corte Superior de Justicia del Callao para “pervertir el sistema de justicia”.

El juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción, acogió de esa manera el requerimiento hecho por el Ministerio Público.

Chuyo sostuvo, en su resolución, que se verificó la existencia de graves y fundados elementos de convicción de la vinculación de los imputados con la presunta organización criminal que encabezaría el extitular la corte del Callao Walter Ríos y la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La prisión preventiva se ha dictado para los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza, y para el abogado y operador político José Luis Cavassa.

También para Gianfranco Paredes (exasesor), Nelson Aparicio (exasesor), Carlos Parra (ex gerente de administración), John Misha (exchofer) y Verónica Rojas (ex jefa de la unidad de administración y finanzas del Poder Judicial del Callao). Todos ellos integrarían la red interna que Walter Ríos habría formado en la corte del Callao.

Igualmente, cumplirán prisión preventiva los abogados y empresarios Jacinto Salinas, Víctor León, Marcelino Meneses (está fuera del país), Juan Eguez y Fernando Seminario, quienes conformarían la red externa de la organización.

El juez Chuyo empezó la lectura de su resolución a las 10:40 de la noche del sábado y la finalizó en la madrugada de este domingo 19 de agosto. Horas antes, el magistrado escuchó los alegatos de los investigados, quienes sostuvieron que no pertenecen a ninguna organización criminal y solicitaron afrontar en libertad la investigación de la fiscalía.

Fuente: El Comercio

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