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Congreso: Sustentan proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia

Ministro de Justicia asistió a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República

En sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas sustentó al detalle el contenido del Proyecto de Ley 3745/2018-PE que propone la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

A esta sesión también, que presidió la congresista Rosa Bartra Barriga (FP) asistieron también el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho y el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, para presentar sus observaciones y recomendaciones al proyecto.

En su exposición el ministro Zeballos dijo que la finalidad de la propuesta es contribuir decididamente al mejoramiento del sistema de justicia en el país, dotando a la sociedad de un organismo constitucionalmente autónomo que cuente con legitimidad en el ejercicio de sus funciones frente a la ciudadanía.

Otro propósito es que garantice procedimientos idóneos, meritocráticos, imparciales y paritarios para los nombramientos de jueces y fiscales en aras del fortalecimiento y mejoramiento de dicho sistema, promoviendo así una justicia eficaz transparente idónea y libre de corrupción.

Explicó que la propuesta tiene como principios rectores: probidad, meritocracia, imparcialidad, igualdad y paridad, transparencia, publicidad, participación ciudadana y del debido procedimiento.

Resaltó la importancia de la Comisión Especial que tendrá a su cargo el proceso de concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

“La propuesta inicial contemplaba 5 miembros: el presidente del Poder Judicial (Preside), el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo”. Sin embargo, señaló que a iniciativa del Congreso se modificó a 7 miembros. “Se propuso incluir a un representante de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas (centros de estudios que deben tener más de 50 años y licenciadas) y se planteó que quien presida sea el Defensor del Pueblo.

El ministro de Justicia dijo que el plazo de 90 día otorgado a la Comisión Especial es muy “apretado” desde su instalación hasta la elección de los rectores. Dijo que los plazos no ayudan mucho puesto que se trata de un procedimiento extraordinario para la primera Junta Nacional de Justicia.

En cuanto al proceso de elección de los miembros de las Junta Nacional de Justicia explicó que el concurso público de méritos consta de tres etapas: examen de conceptos, calificación curricular y evaluación personal y subrayó que el proceso se difundirá en vivo. “Todas las etapas son públicas y se garantizará la participación ciudadana”, dijo Zeballos.

En cuanto al examen de conceptos detalló que se contemplará temas de actualidad relacionados al sistema de justicia, derecho constitucional, derechos humanos, ética profesional y gestión pública.

Levantamiento del secreto bancario

Por su parte, el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, dijo que todo postulante a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia debe presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como una declaración jurada de intereses. Así también en aras de una mayor confianza opinó que deberían autorizar voluntariamente el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.

Entre los impedimentos, dijo que no deben formar parte de dicho organismo jurisdiccional aquellos que estén inscritos en el Registro de deudores de reparaciones civiles, Registro Nacional de sanciones contra servidores civiles, el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, delito de violación de la libertad sexual o delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros registros creados por ley.

A su turno, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, saludó la iniciativa del Poder Ejecutivo; sin embargó presentó una serie de “ajustes”. Dijo que impactaría en más de 180 normas que no han sido contempladas en el Proyecto de Ley, es decir vacíos legales que permitirían impunidad y eso es “grave”.

Fuente: Congreso

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