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Club de la Construcción se beneficiaba con obras públicas

Allanamiento e investigación fiscal a empresas vinculadas al caso Lava Jato

El Ministerio Público allanó más de 40 inmuebles en Lima, adquiridos de manera presuntamente ilegal por miembros del denominado Club de la Construcción, conformado por las principales empresas constructoras en el Perú. ¿Cómo operaba dicho grupo?

Provías

Según la investigación hecha durante nueve meses por la Fiscalía, las empresas habrían sostenido reuniones periódicas para pactar la distribución de las principales obras viales del país que eran ejecutadas por Provías Nacional, entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Colaborador eficaz

Estas juntas fueron reportadas por un colaborador eficaz y posteriormente corroboradas por el Ministerio Público durante la investigación realizada en el marco del caso de corrupción Lava Jato.

Las constructoras y el tráfico de influencias

Los encuentros habrían contado con la presencia de representantes de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Graña y Montero, OAS, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, JJC, Obrainsa, Queiroz Galvao, Cosapi y Málaga Hermanos, entre otras firmas investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

El asesor

Los acuerdos pactados durante las reuniones habrían sido puestos en conocimiento de Carlos Eugenio García Alcázar, único detenido durante el allanamiento, quien se desempeñó como asesor del MTC del 2011 al 2014. Precisamente, el Club de la Construcción habría operado entre dicho periodo.

Allanamiento

El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) dispuso el allanamiento de 42 inmuebles en diversos distritos de Lima, por solicitud del equipo especial del Ministerio Público.

Los inmuebles figuran a nombre de diversos investigados, y están ubicados en los distritos de Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Ate, La Molina y Cercado de Lima.

Con estas diligencias se tenía por objetivo encontrar bienes e información de interés como documentos (“vouchers”, contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados a obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros).

Fuente: Andina

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