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Caso Lava Jato: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Castañeda exalcalde de Lima

Solicitud de la fiscalía por 36 meses incluye al excongresista José Luna Gálvez y a la exfuncionaria Giselle Zegarra

La fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial que dicte una orden de 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra. Actualmente, los tres tienen impedimento de salida del país.

Según el documento del pedido de prisión preventiva, al que accedió nuestra fuente, Luis Castañeda Lossio habría recibido 480 mil dólares de OAS como aporte para la campaña que lo llevó a la Alcaldía de Lima por tercera vez. La fiscalía le imputa los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

José Luna Gálvez es investigado por lavado de activos y asociación ilícita; y Zegarra, por tráfico de influencias, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Ambos también habrían formado parte de una organización criminal con Castañeda.

Para la fiscalía, existe peligro de fuga de Luis Castañeda Lossio, porque en más de una ocasión mostró resistencia a cumplir mandatos de la autoridad.

El documento señala que Castañeda solicitó la reprogramación de su declaración prevista para el 24 de junio del 2019 veinticinco minutos antes de que esta se iniciara sin fundamentar los motivos por los cuales no asistiría. Solo envió un certificado médico que, de acuerdo con la fiscalía, habría sido “obtenido para eludir el llamado de la autoridad”.

Asimismo, el requerimiento fiscal refiere que existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal”.

En el requerimiento se incluyó la declaración al Ministerio Público de Martín Bustamante, quien era el hombre de confianza del exalcalde y ahora es el principal colaborador de la fiscalía. En su testimonio, señaló que Castañeda le solicitó “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez”. Según Bustamante, con ello Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.

En su pedido, la fiscalía incluyó otra revelación de Bustamante que describe la conducta obstruccionista del exburgomaestre a través de las amenazas que recibió de José Quispe Lévano, “quien es una persona muy cercana al señor Luis Castañeda”. También relató las llamadas que recibió del chofer del exalcalde: “Las hizo para que yo mantenga reuniones con el señor Castañeda. Dichas llamadas y reuniones fueron en tres oportunidades […], su intención era que se reúnan su abogado con el mío […] con la intención de coordinar”. Según el documento, Castañeda busca tener “injerencia […] en el resultado del proceso penal, lo que evidencia su intención de manejar, direccionar, manipular u operar el presente proceso en favor suyo”.

Asimismo, se afirma que el exalcalde no tiene arraigo familiar ni laboral, pues es divorciado, sus hijos superan los 30 años, se presentó a la fiscalía como jubilado y su militancia al partido Solidaridad Nacional está suspendida. Agregó que tampoco tiene arraigo porque traspasó el 66% de las acciones y derechos de su vivienda ubicada en Santiago de Surco a su hijo Carlos Castañeda Pardo. Además, la camioneta en la que se moviliza está a nombre de Martín Bustamante.

La fiscalía sostiene que como alcalde Castañeda habría favorecido indebidamente a OAS en la negociación y suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, así como suspendido la ejecución del proyecto Río Verde para que, a cambio, se usara el dinero del fideicomiso en la construcción del ‘bypass’ de la avenida 28 de Julio.

Según el testimonio de Bustamante, OAS habría ofrecido un aporte de 500 mil dólares para la campaña del 2014 de Castañeda. Este dinero le fue entregado en tres partes: la primera y la segunda por 200 mil dólares cada una y la tercera por 80 mil dólares. Los 20 mil restantes no se entregaron, de acuerdo con Bustamante.

Compra simulada

Luna, según Bustamante, habría “obsequiado” a Castañeda una camioneta Nissan 4×4 pick-up de color rojo y valorizada en 41 mil 790 dólares.

El 29 de octubre del 2015, Luna compró el vehículo al contado. Un año después, se lo vendió a Bustamante por 30 mil dólares, aunque este solo habría pagado 9 mil dólares. Para la fiscalía, se trató de una compraventa simulada.

“Lo irregular de la compraventa del vehículo es que habría sido un ‘obsequio’ de Luna Gálvez a Castañeda Lossio, y el dinero pagado por el investigado Bustamante, por la compraventa –9 mil dólares–, así como las letras de cambio habrían sido devueltos”.

La camioneta es usada por Castañeda. Esta fue hallada en la casa del exalcalde cuando en octubre del año pasado se allanó ese inmueble.

Imputaciones a Luna

El pedido de prisión preventiva para Luna se sustenta en que el excongresista habría obstruido la investigación al comunicarse con dos testigos de la fiscalía para influir en sus testimonios.

Durante el allanamiento de su vivienda, la fiscalía encontró el currículum vítae de Marjhory Palacios, hija de John Richard Palacios Meza, uno de los presuntos aportantes fantasmas de la campaña edilicia de Castañeda. Palacios tiene un ingreso mensual de 6 mil 300soles, pero en la ONPE aparece con un aporte de 24 mil soles.

Además, el requerimiento señala que Luna tuvo una conducta obstruccionista durante el allanamiento de su vivienda. Después de varias horas de búsqueda, la fiscal Salazar encontró en el automóvil que usa su hijo José Luna Morales 302 mil 802 soles en efectivo.

Asimismo, la fiscalía sustenta el peligro de fuga por la posibilidad de coordinación entre los imputados de la presunta organización criminal que formaron en la Municipalidad de Lima. Enfatiza que Luna refirió que Castañeda lo buscó para conversar sobre temas concernientes a la investigación. El requerimiento indica, además, que el empresario tiene poco arraigo en el país, ya que cuenta con capacidad económica para viajar al exterior, no tiene necesidad de trabajar en las empresas de su propiedad y suspendió su militancia en el partido Podemos Perú, por lo que no está obligado a cumplir funciones partidarias.

La fiscalía también señaló que Bustamante declaró que cada vez que recibió dinero de OAS inmediatamente después acudía a la oficina de Luna Gálvez, en la sede de la Universidad Privada Telesup de la avenida Arequipa, para entregarle los sobres con dinero. Según Bustamante, Luna Gálvez recibió los 480 mil dólares que OAS dio para la campaña municipal del 2014 de Castañeda.

Sobre Giselle Zegarra

Para la fiscalía, existiría una “sospecha grave” de peligro de fuga de Zegarra porque no tendría arraigo domiciliario ni laboral.

La fiscal Salazar señaló que no puede acreditar el arraigo debido a que se mudó de domicilio –el que había registrado– sin avisar al despacho fiscal. Precisó que por las labores de inteligencia de la DIVIAC de la PNP se pudo corroborar el cambio de vivienda.

En el requerimiento, Salazar sostuvo que no puede concluir que Zegarra tenga arraigo laboral porque no ha acreditado actividades propias como abogada. Resaltó que la empresa que tiene registrada funciona en un domicilio alquilado y que esta, además, fue utilizada por la exfuncionaria para prestar servicios a OAS y a la Municipalidad de Lima.

En diálogo con nuestra fuente, Percy Huaroc, abogado de Gisselle Zegarra, consideró que el pedido de prisión preventiva para su defendida no es «coherente».

«En 38 meses de investigación, ella ha podido salir del país, pero no ha salido. No se da el presupuesto […], debe ser el hábito que hay en los procesos en los que se solicita prisión para impactar, pero el proceso se está dando adecuadamente», afirmó. Agregó que hasta el día de ayer ambos participaron en diligencias de la fiscalía.

Los abogados de Luis Castañeda Lossio y José Luna Gálvez se negaron a declarar a nuestra fuente.

Fuente: El Comercio – Graciela Villasís Rojas / graciela.villasis@comercio.com.pe

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