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Carabayllo: Abogados apelarán dictamen judicial de primera instancia que sanciona autoridades y funcionarios

Defensa legal de autoridades y funcionarios de municipio de Carabayllo escucharon adelanto de dictamen en primera instancia emitido por el 3er. Juzgado Unipersonal de la CSJLN que impone una pena de 4 años, dos años de inhabilitación y el pago de una reparación civil de 40 mil soles a los involucrados.

La tarde del miércoles 20 de diciembre el titular del 3er. Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Abel Pulido Alvarado, al amparo del art. 396 del Código Procesal Penal procedió al adelanto de lectura de su resolución en el extremo de las penas impuestas en primera instancia a los involucrados en el denominado proceso por ejecución de obras del programa municipal “Manos a la obra” en el distrito de Carabayllo.

El alcalde Rafael Álvarez Espinoza, el ex administrador Ángel Wu Huapaya, el actual Gerente de Desarrollo Urbano, Víctor Baltazar Ramos, el funcionario Marco Antonio Velásquez y el ciudadano Johnny Alvites, en esta primera etapa del proceso penal que se les sigue, se les aplicó la pena de 4 años de prisión suspendida y dos años de inhabilitación para el ejercicio de función pública. También se les impuso una reparación civil de 40 mil soles.

A los proveedores Víctor Urbina y Walter Medina se les impuso una pena de dos años de prisión suspendida.

La lectura integral del dictamen judicial del 3er. Juzgado Unipersonal de la CSJLN se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre a las 3 de la tarde en 7 Sala Penal. Consultados los abogados defensores de autoridades y funcionarios indicaron que apelarán a la instancia superior donde esperan dejar sin efecto la resolución de la primera instancia.

Fuera de juego

Los abogados de las partes afectadas indicaron que el proceso que se inició con una denuncia de colusión agravada por supuestas obras fantasmas del programa municipal “Manos a la obra” ha quedado demostrado que las obras existen y no hay perjuicio económico a la entidad municipal, esperando que en la siguiente etapa de este proceso una vez apelado se pueda demostrar ante la instancia superior los argumentos que permitan revertir la resolución en primera instancia, que debe concluir el próximo 26 de diciembre con la lectura final del dictamen de primera instancia.

Consultados sobre la estabilidad de la gestión municipal ante un posible pedido de vacancia con esta resolución judicial, indicaron que no existe tal riesgo, toda vez que es una sentencia en primera instancia apelable. El JNE y la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 22 numeral 6  precisa que la vacancia del cargo de alcalde o regidor deben ser por “condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad”.

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